Las elecciones de Bolivia, donde se concretó la reelección de Evo Morales; y una intentona de aumentar la tarifa del transporte público en Chile, generaron protestas sociales con impacto internacional que no parecen encontrar su fin.

En la nación donde Morales ha gobernado por 13 años (y seguirá al mando hasta 2025), el candidato del opositor partido Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, pidió a la comunidad de naciones, a la Organización de Estados Americanos (OEA), y a la Unión Europea (UE) evitar que el actual mandatario lleve a Bolivia a una dictadura.

Reclamó en un video la interrupción de la transmisión de los resultados electorales preliminares, lo que despertó sospechas de un presunto fraude e impulsó protestas en las calles.

El reclamo de Mesa se difundió horas después de que Evo Morales denunciara un intento de golpe de Estado de la oposición, para no reconocerle su victoria en la primera vuelta, y declaró estado de emergencia.

Mientras el segundo lugar llamó al Presidente “candidato ilegal, que vulnera el orden constitucional”, Evo dijo que no han entrado en la confrontación, y “no vamos a entrar, pero vamos a defender la democracia”, en tono amenazante.

A Evo le reclaman controlar todos los poderes del Estado y presentarse por tercera vez a una reelección, pese a que la Constitución lo limita a dos consecutivas.

En tanto, en Chile se confirmó que un niño de cuatro años se encuentra entre las 18 víctimas que había cobrado hasta ayer la ola de violencia desatada por las manifestaciones de los últimos días en esta capital y otras regiones del país.

Solo este martes se registraron 54 marchas en el país, donde participaron unas 220 mil personas.

La violencia en Chile comenzó el pasado 14 de octubre con manifestaciones de estudiantes en varias estaciones del metro de Santiago, en respuesta a la convocatoria de ingresar al metro sin pagar el pasaje, y en protesta al aumento del pasaje de 800 a 830 pesos chilenos (de 1.13 a 1.17 dólares).

El ministro chileno del Interior, Andrés Chadwick, defendió su decisión de decretar el estado de emergencia en la región metropolitana por los disturbios, que continuaron ayer pese a que el Gobierno anuló el decreto que generó las protestas.

Por los conflictos en ambas naciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación. El organismo, con sede en Washington, llamó a Bolivia a garantizar la seguridad y la libertad de expresión de la población.

En cuanto a Chile, rechazó la escalada de la violencia en el conflicto, que ha dejado 18 muertos e instó al Estado y a los inconformes a establecer un diálogo para abordar las demandas.

Dos conflictos

Días después de protestas en Ecuador por un préstamo del FMI, dos países de América del sur entraron en crisis:

Chile

La violencia comenzó el 14 de octubre con manifestaciones de estudiantes en varias estaciones del metro de Santiago.

Protestaron contra el aumento del pasaje, de 800 a 830 pesos chilenos (de 1.13 a 1.17 dólares).

Aunque el aumento lo canceló el Senado, las trifulcas siguieron, con observaciones de organismos internacionales.

Bolivia

Tras elecciones presidenciales el domingo, el presidente Evo Morales se declaró ganador.

Denunció que está en marcha un golpe de Estado alentado por la derecha, con apoyo internacional.

El opositor Carlos Mesa acusó al líder, con 13 años en el cargo, de querer imponer una dictadura.

Cifras

18 muertos
en Chile tras las protestas

18 años
sumaría Evo Morales en el poder

 

… Y en Cataluña pierden millones

Las movilizaciones efectuadas del 14 al 20 de octubre en Barcelona, contra la sentencia que el Tribunal Superior dictó a líderes independentistas, generaron daños estimados en 3.1 millones de euros: en mobiliario urbano, asfalto dañado y árboles quemados, entre otros.

El ayuntamiento detalló que, en el lapso de referencia, los incendios provocados generaron 68 mil 100 euros en horas extras de trabajo a los elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Guardia Urbana, así como la movilización de 2 mil 87 patrullas de la Policía Municipal, y dos agentes lesionados, de acuerdo con información del diario El País.

En las protestas fueron quemados mil 44 contenedores, cuyo costo es de 1.3 millones de euros, cantidad que también incluye 358 contenedores de menor tamaño y 180 papeleras dañadas. La afectación a dos mil 400 metros cuadrados de asfalto costará 881 mil euros, en tanto que la reposición de semáforos 120 mil euros.

El balance del ayuntamiento también incluyó las horas extras que laboraron los Bomberos y Guardia Nacional, estimadas en 68 mil 100 euros, en tanto que el Centro de Recursos de Derechos Humanos calculó en 9 mil 716 euros la atención a lesionados o en situaciones de estrés durante las protestas.

En cuanto al medio ambiente, los mayores daños fueron contra 12 árboles quemados completamente, 45 en una parte y 290 jardineras, que fueron reubicadas, reparadas y su vegetación renovada, además de que se registraron daños en el carril bici del paseo de Sant Joan.

En el caso del alumbrado y tecnología fueron dañadas cinco luminarias, tres cuadros eléctricos, semáforos, tres parquímetros y cámaras en las calles más perjudicadas.

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