Soldados armados patrullaban las calles de la capital chilena esta mañana, después de que el presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia, en medio de violentas protestas que se iniciaron por un alza en las tarifas del metro, vital para el transporte en Santiago.
Javier Iturriaga del Campo, el general designado por Piñera para custodiar la capital, dijo en una conferencia de prensa en el palacio presidencial de La Moneda, que sus tropas concentrarían los patrullajes en “las áreas con más conflictos” pero que no se impondría toque de queda por ahora.
“La recomendación para las personas es que puedan concurrir a sus casas con sus familias y estar tranquilos”, dijo.
“Estamos asumiendo el control, desplegando nuestras fuerzas de manera que puedan prevenir que continúen los actos de vandalismo”, añadió.
El anuncio de Piñera siguió a una violenta jornada de protestas con barricadas, enfrentamientos en las calles entre manifestantes y policía y destrucción de algunas estaciones del tren subterráneo, uno de los más modernos de América Latina con 140 kilómetros de extensión.
Las estaciones habían sido escenario de manifestaciones de descontento por 11 días, convocadas principalmente por jóvenes y estudiantes que llamaron a evadir el pago de los pasajes. En la mañana del sábado, las principales avenidas de la zona centro de Santiago mostraban los vestigios de las barricadas y los choques con la fuerza policial.
En el 2010, el gobierno decretó estado de emergencia en algunas áreas del sur país tras un fuerte terremoto que generó pánico en la población y saqueos por temor al desabastecimiento. Pero una medida así no se había replicado en la capital desde hace cerca de 30 años, cuando el país aún estaba bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Además de la quema de estaciones del metro, la sede de la empresa eléctrica Enel sufrió un incendio en sus escaleras exteriores, informaron autoridades.
La policía informó a Reuters que solo el viernes habían resultado heridos 156 oficiales, incluyendo cinco en condición seria. Cuarenta y nueve vehículos policiales fueron dañados, 41 estaciones de metro -de un total de 136- sufrieron actos vandálicos y 308 personas fueron detenidas.
Los eventos culturales y deportivos previstos para el fin de semana fueron cancelados, mientras que la red de tren subterráneo fue suspendida por completo y las embajadas han actualizado sus advertencias de seguridad para expatriados y visitantes, instándolos a evitar las multitudes y portar sus identificaciones.
En apenas tres semanas, Chile planea recibir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente ruso Vladimir Putin y al mandatario chino Xi Jinping, entre otros, durante una cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico.
Pocas semanas después de ese evento, el país será anfitrión de otra cita de líderes mundiales en la cumbre sobre cambio climático de Naciones Unidas COP25.
La decisión de desplegar fuerzas militares en las calles fue recibida asombro en una nación que vivió 17 años en dictadura, hasta 1990. Analistas políticos y partidos de oposición han criticado la respuesta del gobierno de Piñera a las protestas que se iniciaron por las tarifas de transporte, pero que han capitalizado un descontento de larga data por el alto costo de los bienes básicos y servicios, entre otros.
Algunos dicen que generó una confrontación explosiva al desplegar fuerzas antidisturbios fuertemente armada en lugar de propiciar un diálogo con los manifestantes.
“El estado de emergencia es una medida de último recurso, el gobierno tiene muchas otras herramientas disponibles para calmar las cosas”, dijo Lucía Dammert, experta en seguridad pública de la Universidad de Santiago en su cuenta de Twitter.
Creo que carabineros mostró un nivel de acción poco profesional y confuso. El estado de emergencia es una medida de última linea, el gobierno tenía muchas otras herramientas para bajarle la intensidad al caos y decidió esperar.. https://t.co/VTsQFoFxvq
— Lucía Dammert (@LuciaDammert) 19 de octubre de 2019
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