El Senado aprobó equiparar los actos ilícitos en contra del fisco federal como una amenaza a la seguridad nacional y, la adquisición de comprobantes fiscales falsos, así como el uso de empresas fantasma serán considerados delincuencia organizada cuando participen al menos tres contribuyentes y el monto defraudado supere los 7.8 millones de pesos.
Asimismo, se impondrá sanción de tres a seis años de prisión al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados y se podrá aplicar prisión preventiva oficiosa.
Estas reformas entrarán en vigor junto con el Paquete Económico para el próximo año, es decir, el 1 de enero de 2020 y serán retroactivas, con el fin de que los casos que ya están siendo investigados continúen su proceso hasta ser juzgados y sentenciados, de tal forma que se evite la impunidad.
En el dictamen que tuvo el voto del PAN y PRI en contra, también se establece una sanción al “dolo”, lo que ameritará de dos a nueve años de prisión a quien “a sabiendas” permita o publique, mediante cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Los senadores de oposición argumentaron que las reformas aprobadas son excesivas, pues se equipara a los empresarios con narcotraficantes de la talla de Joaquín Guzmán el Chapo Guzmán, y acusaron un “terrorismo fiscal” hacia los empresarios.
“Así no, presidente Andrés Manuel López Obrador (…) a los verdaderos delincuentes les dicen fuchi y a los empresarios les dicen cárcel, así no, señor Presidente”, fustigó el senador del PAN, Gustavo Madero.
Claudia Anaya, del PRI, dijo que “la 4T los va a perseguir (a los empresarios) peor que a sicarios”.
Ante estas posturas del PRI y del PAN, la senadora de Morena, Lucía Trasviña, reviró:
“Se van a joder (…) se los digo de frente, son unos baquetones, cínicos y sinvergüenzas (…). Los empresarios que han formado sus empresas con esfuerzo con sacrificio no tienen nada que ver con las pinches empresas fantasma del crimen organizado de las que muchos de ustedes son socios”, acusó a gritos.
En las reformas al Código Fiscal de la Federación se establece una sanción de dos a nueve años de prisión, al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Las reformas aprobadas fueron enviadas a la Cámara de Diputados para su revisión.
jhs