La caída de las Bolsas de Valores de las principales economías del mundo deberían encender las señales de alerta en el país.

Hay muchos signos en nuestra economía que demuestran que no vamos requetebién, sino que, por el contrario, nos encaminamos a una recesión que se puede agravar por el entorno mundial.

La caída en la generación de empleos, según cifras anualizadas, alcanza casi 60%, se cayó la inversión privada, los ingresos por turismo van a la baja –curioso que el secretario del ramo, Miguel Torruco, lo atribuya a los amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía y no a factores que tienen que ver con su labor- y la famosa inyección de capital a la economía anunciada por el secretario de Hacienda no se puede hacer sin una reforma a la Ley de Egresos.

El microscópico crecimiento de la economía en el segundo trimestre del año ni siquiera tendría que haberse celebrado porque el escenario que tenemos en los próximos meses es de terror, si no se toman las medidas adecuadas.

Ayer un funcionario de la 4T se ufanaba de que no sólo en México, sino en muchos otros países el crecimiento se ha estancado o será mínimo.

¿Es ése el consuelo?

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El presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para evitar que los funcionarios de organismos autónomos y universitarios ganen más que él, es decir, más de 108 mil pesos mensuales netos.

La iniciativa se envió sin que hasta el momento la Cámara de Diputados haya atendido el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le ordenó explicar cómo es que se llegó a la determinación de los 108 mil pesos para el Presidente.

La ausencia de una explicación sobre el cómo se estableció esta cantidad fue la causa por la que la Corte amparó a quienes se inconformaron por la ley que limita sus ingresos en el servicio público a esa cantidad.

El peligro es que si la Cámara no explica cómo se estableció como límite esa cantidad, el año próximo, López Obrador se podría bajar el salario a la mitad y nadie podría ganar más que él.

Ni hablar.

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Por cierto, la Corte dio un plazo de seis meses -180 días- a la Secretaría de Salud para que expida los reglamentos y lineamientos necesarios para el uso terapéutico de la cannabis, como fue aprobado en junio de 2017 por el Congreso.

Como recordará, sólo se aprobó el uso de cannabis con fines medicinales, luego de que se hizo viral el caso de una menor que padecía un grave caso de epilepsia que no respondía a ningún tratamiento.

Sólo hasta que se le administraron gotas de cannabidiol, la salud de la menor mejoró sustancialmente.

A partir de ahí se desató la discusión que terminó con la aprobación del uso medicinal de la cannabis y se estableció, en junio de 2017, un plazo de seis meses para que la Secretaría de Salud emitiera las normas para su legalización.

El tiempo pasó, y no fue sino hasta octubre de 2018 que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, publicó unos “lineamientos’’ para el control sanitario de la cannabis que el actual Gobierno revocó porque, afirmó, “se extralimitaban de lo previsto en la ley al permitir la exportación e importación para uso industrial’’.

A ver si ahora la Secretaría de Salud, que ha jugado muy conservadoramente con el tema, cumple con la orden de la Corte.