Un migrante muerto a manos de la policía de Coahuila pone a México ante la opinión pública internacional justo en el papel contrario al que pretendía el gobierno de López Obrador.
De país seguro o amigo de los migrantes pasamos por obra y (des) gracia de un disparo como represor.
En esencia, el gobierno mexicano está cumpliendo con su responsabilidad de proteger el territorio nacional, como harían todos los gobiernos del mundo.
Pero en nuestro caso, el gobierno federal, en complicidad con el gobierno de Peña Nieto, que abdicó de sus responsabilidades a partir del 3 de julio del año pasado, comenzaron mal.
Dejaron, a partir de octubre, circular sin cortapisas a los migrantes y alentaron la formación de caravanas en contra de la propia seguridad e intereses nacionales.
Los migrantes recibieron trato de héroes; la administración de Peña cedió todo el poder a López Obrador y fue éste quien dictó las normas de la política migratoria.
“Paso libre, alojamiento, alimentos, empleos y lo que se ofrezca’’ a los miles de migrantes que llegaron en caravanas al país.
Esta política irresponsable exacerbó el nacionalismo estadounidense abanderado por Donald Trump.
Ahora las directrices de la política migratoria las marca Trump.
Son frecuentes las quejas de centroamericanos que son detenidos por policías o la Guardia Nacional, en la frontera sur.
Si la fotografía del cadáver de un migrante junto con su pequeña hija flotando en el río Bravo tuvo su costo para México, la carga mayor recayó en el gobierno de Estados Unidos.
La imagen de un centroamericano muerto por un balazo de un policía mexicano –aunque haya estado delinquiendo- pondrá los ojos nuevamente en la fallida política migratoria de nuestro país.
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La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, se manifestó a favor de la llamada Ley Garrote, aprobada por el Congreso de Tabasco, porque, dijo, “no criminaliza la protesta’’.
Sánchez Cordero ahora sí asumió su responsabilidad como funcionaria pública y se manifestó en un tema que ha despertado controversia en todo el país.
Pero sigue sin dar su opinión como encargada de la política interna del país sobre el tema de la ampliación de mandato aprobada por el Congreso de Baja California.
Aunque, por lo visto, también está a favor.
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El que ya dijo que analizarán la constitucionalidad de la Ley Garrote fue Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.
El zacatecano aseguró que la Cámara alta es vigilante del pacto federal, pero también de que los gobiernos estatales no se excedan en sus facultades.
Monreal ha moderado sus posiciones en diversos temas, aunque no deja de ser un radical en la defensa de los principios esenciales del lopezobradorismo.
Como quiera, una voz sensata entre tanta gritería le viene bien al gobierno del cambio.
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Por más que este y el anterior gobierno denostaron a Carlos Romero Deschamps, el dirigente del sindicato petrolero sigue teniendo un gran poder.
Tanto, que pese a las acusaciones en su contra, fue el encargado de negociar y firmar la más reciente revisión del contrato colectivo de trabajo con la petrolera.
Y no es que no falten razones para cuestionar su opulencia y riqueza, pero siempre hay algo que impide que se concreten en un proceso judicial todas las acusaciones en su contra.
¿Qué será, qué será?