Foto: Reuters El INM aseguró que en ninguna acción implementada se ha acreditado violación a los derechos humanos de personas extranjeras, por tanto, todo queda en presunción  

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares en favor de albergues para migrantes en Sonora y Coahuila, además condenó hostigamiento, así como amenazas de Policía Federal (PF) y de la Guardia Nacional (GN) a defensores de derechos humanos.

 

En tanto el Instituto Nacional de Migración (INM) señaló que personal adscrito a la dependencia no intervino en estas conductas, debido a que la presencia de seguridad se derivó de denuncias ciudadanas realizadas por la misma comunidad.

 

La CNDH señaló que el 28 de junio atendió la solicitud de la directora del Centro de Atención al Migrante Exodus Came, en Agua Prieta, Sonora, quien denunció la presencia fuera del inmueble de 3 vehículos y alrededor de 20 elementos identificados como GN, quienes intentaron ingresar al refugio.

 

Mientras que el 20 de julio, efectivos de la PF acudieron a la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, para revisar el estatus migratorio de los extranjeros, en contravención a lo establecido por el artículo 76 de la Ley de Migración, que refiere: El Instituto no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia.

 

Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil informaron que el magistrado Carlos Arteaga Álvarez confirmó el auto de no vinculación a proceso en el caso de Irineo Mujica, presidente de Pueblo Sin Fronteras, detenido y encarcelado el 5 de junio acusado de tráfico de personas.

 

En conferencia de prensa acompañadas del senador sin partido, Emilio Álvarez, las organizaciones civiles, denunciaron que la Fiscalía ha mantenido abiertas las carpetas de investigación contra Irineo como contra el defensor de derechos humanos Cristóbal Sánchez.

 

La Fiscalía General de la República había apelado la orden del juez de control de liberar al activista; no obstante el magistrado determinó que los agravios presentados por el Ministerio Público son “infundados e inoperantes”.

 

 

 

jhs