Hay un nuevo jugador en el tema de la construcción de un aeropuerto comercial en la base militar de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México.
Se trata del Poder Judicial. Un nuevo involucrado, que a diferencia de los demás, mantiene un poder de contrapeso ante la apabullante fuerza del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta hoy, la absurda e indefendible decisión de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco no tenía ningún contrapeso real.

Ni los medios de comunicación, ni los expertos en aeronáutica, ni las líneas aéreas, ni los organismos internacionales que otorgan las certificaciones de uso de un aeropuerto habían sido escuchados. Vamos, ni las voces internas del primer círculo presidencial que mantenían la sensata visión de no cancelar el proyecto fueron tomadas en cuenta.

Y lo que es más, con todo el peso del poder presidencial, con esa impunidad declarativa que priva en estos tiempos, López Obrador no se cansa de llamar corruptos con negocio armado, mafia del poder, coludidos, en fin, a cualquiera que se atreva a expresar que la cancelación del NAIM fue una de las grandes pifias de este Gobierno, que tendrá consecuencias graves y que será recordado como uno de los grandes errores, hasta ahora, del Gobierno actual.

Con la fuerza que tiene, López Obrador, con un Congreso a sus órdenes, sin contrapesos de una oposición real, se puede dar el lujo de avalar, sin concurso de por medio, el proyecto de su amigo constructor José María Riobóo para construir un aeropuerto en una comunidad lejana de la Ciudad de México.

Sin estudio alguno serio de por medio, el Presidente decidió crear un sistema aeroportuario mexicano, que carece hasta hoy de una estrategia que puedan siquiera analizar los futuros usuarios.

Toda esa fuerza del absurdo era incontrovertible, los opositores al proyecto denostados y hasta acosados. Hasta que apareció el Poder Judicial.

Un tribunal federal detuvo la construcción del aeropuerto en Zumpango hasta que no haya una declaratoria de impacto ambiental.

Esto lo arregla fácil la 4T, corre al funcionario que no ha emitido ese requisito y nombra a uno que lo haga de manera expedita. Aunque sea un documento incorrecto e incompleto.

El tema es que hay, de acuerdo a algo que se hace llamar colectivo “No más derroches”, 147 juicios de amparo en contra de esta obra en la base militar de Santa Lucía. Si algunos están bien sustentados podrían, según las leyes mexicanas, parar esa obra indefinidamente.

No hay duda que ese aeropuerto, tanto como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya están repletos de errores estructurales que los hacen inviables y altamente vulnerables ante las leyes y el sentido común.

Lo que se pone en juego a partir de esta intervención de los tribunales federales es la independencia del Poder Judicial ante las decisiones unipersonales e incuestionables del poderoso presidente López Obrador.

Si prevalecen la razón y las leyes, habrá un doble triunfo para México. Uno, por el respeto a la división de poderes. Y dos, con la cancelación del capricho de Santa Lucía.

LG