El gobierno de López Obrador encontró una rendija legal para sancionar, aunque sea administrativamente -por lo pronto- al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, anunció que “dos altos ex funcionarios de Pemex’’ fueron inhabilitados por 10 y 15 años, el primero por haber “mentido en su declaración patrimonial’’ y el segundo por haber comprado con un sobreprecio de 620 millones de pesos la productora de fertilizantes Fertinal.
El primer inhabilitado es Lozoya, sobre quien pesan acusaciones de haber recibido un soborno de 10 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht que supuestamente fueron utilizados en la campaña presidencial de Enrique Peña.
El señalamiento sobre Lozoya lleva casi tres años, desde que se destapó el escándalo de corrupción a nivel continental de Odebrecht, sin que tales acusaciones se hayan reflejado en un proceso judicial en su contra.
Sin embargo, Lozoya siempre estuvo en la mira de Morena, que, por conducto de la entonces diputada federal y presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Nahle, hoy secretaria de Energía, lo consideraba una imposición de la empresa OHL a la administración de Peña Nieto.
Nahle hablaba de tres funcionarios al servicio de OHL: Lozoya, Arturo Henríquez Autrey y Mario Beauregard, los dos últimos director corporativo de Abastecimiento y Procura y director corporativo de Finanzas de Pemex.
El primero fue despedido de Pemex luego de que se hicieran públicas unas fotografías donde departía con Amado Yáñez, dueño de Oceanografía, que ya era investigado por fraude en ese momento.
El segundo, Beauregard, fue el responsable del pago de la operación de 255 millones de dólares; la intención era incrementar la producción de fertilizantes en 1.2 toneladas métricas para abastecer 30% de la demanda nacional.
El boletín de la SFP no establece las razones por las que Lozoya fue sancionado, pero su abogado, Javier Coello, informó que se debió a que no reportó en su momento que su mamá –la de Lozoya- había abierto una cuenta de inversión.
La SFP tampoco establece el nombre del segundo funcionario sancionado con 15 años de inhabilitación y una multa de 620 millones de pesos por haber comprado con sobreprecio la planta de fertilizantes, pero el único funcionario con capacidad ejecutiva para la toma de esa decisión, además de Lozoya, era Beauregard.
Son sanciones administrativas, y quién sabe si algún día llegarán a ser penales.
Pero por lo pronto Nahle debe estar sonriendo.
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¡Qué curioso!
Apenas fue nombrado nuevo director del IMSS, y el chiapaneco Zoé Robledo logró reunirse con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.
Como sabe, Urzúa fue en parte responsable de la renuncia de Germán Martínez a la dirección del IMSS por no recibirlo ni responder a los llamados de alerta que le hacía sobre los efectos negativos de los recortes presupuestales y de personal en el instituto.
Robledo tiene ahora la enorme responsabilidad de sacar al buey de la barranca: con un escenario adverso, deberá maniobrar para que el servicio no se caiga más… sin que se enoje ya saben quién.
Que de paso anunció que su “política’’ de salud no registrará cambios con la salida de Martínez.
Así que ya saben, sobre aviso, no hay queja que valga.