Aunque en el papel está especificado que la Guardia Nacional estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el nombramiento de un militar como comandante la instala directamente a las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Se supone –porque ése fue el acuerdo en el Senado- que un civil sería el comandante de la Guardia y reportaría directamente a la SSPC que encabeza Alfonso Durazo.

Pero dados los antecedentes de cómo López Obrador hizo su propia interpretación de la reforma constitucional que dio vida a la GN, lo seguro es que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo no sólo de la capacitación de las Policías estatales y municipales, sino de la administración misma del nuevo cuerpo policiaco.

Durazo será un invitado de papel, el encargado de presentar estadísticas y resultados, pero la operatividad corresponderá al mando militar.

¿Sirve entonces una SSPC?

No es una pregunta ociosa.

¿Cuáles serán las funciones de la SSPC si la carga de la lucha contra la delincuencia estará a cargo de un mando militar?

¿Pagar la nómina, convocar a nuevos cadetes, litigar en tribunales eventuales violaciones a los derechos humanos?

¿Qué hará Durazo, quien se la jugó con López Obrador y ahora pasará a ser un invitado de palo en la solución del problema más grave que tiene el país?

Veremos.

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Los diputados aprobaron la reforma a la ley secundaria derivada de la reforma laboral de 2017, por una aplastante mayoría.

Quedaron, sin embargo, algunos temas que deberán resolverse en estos días.

Por ejemplo, el paso de los expedientes que tienen ahora las Juntas de Conciliación locales y la Federal, a los nuevos tribunales de trabajo adscritos al Poder Judicial.

Son cientos de miles los casos pendientes por resolver; algunos hablan incluso de millones.

Como sea, algunos sindicatos propusieron que se fijará un plazo máximo de cinco años para que los asuntos pendientes en las Juntas se resolvieran y entraran en función los tribunales laborales.

En la negociación el plazo se fijó en cuatro años, pero no será hasta que se conozca el detalle de lo aprobado cuando se sepa cuánto tiempo tendrán las Juntas con el fin de resolver sus cientos de miles de pendientes.

O sea, con reforma y todo, pero el cambio de un sistema a otro tardará, cuando menos, lo que dura el sexenio.

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Por cierto, el único sindicato patronal con registro en México, la Coparmex, se quejó de la reforma laboral aprobada porque no se tomaron en consideración dos asuntos.

El primero, el derecho que tienen los trabajadores a no querer sindicalizarse y, el segundo, a que hubiera una representación tripartita en el Centro de Conciliación, que será el encargado de conceder la toma de nota de los sindicatos.

Los empresarios querían un esquema similar al que opera en el Infonavit para que las decisiones se tomaran de forma colegiada.

Pero en el dictamen que se aprobó ayer en lo general no se contemplaba esa opción.

Como sea, México ya cumplió –en parte- con el compromiso hecho con Estados Unidos y Canadá durante la firma del T-MEC, y ahora falta conocer si nuestros vecinos del Norte están conformes.