No se trata de convencerlos de que sea lo que no es.

Argumentando carácter oficial quieren conseguir el cambio y se viene un golpe institucional, un antes y un después.

De manera drástica, imponiendo un conjunto de medidas y olvidando las necesidades reales se hostiga y presiona a los verificentros en el Estado de México.

Con visitas de inspección que clausuran a diestra y siniestra, sin ningún fundamento jurídico, dicen, e imponiendo multas que van desde los 500 mil pesos hasta un millón de pesos, independientemente de que los cierran por más de 30 días, también están terminando con la vida laboral de cientos de trabajadores.

En concreto se presiona a los dueños de los verificentros para que entreguen cantidades millonarias y así poder dotarlos de hologramas y de sus revalidaciones.

Entre las distintas opciones que les dejan para seguir operando los verificentros está entregar dinero en mano sin obtener ningún tipo de recibo; primero pagas y luego recibes la resolución.

Se les pide, entre otras muchas cosas, el cambio de los dinamómetros que se encuentran en cada una de las líneas autorizadas, pero no tienen la certeza de que al cambiarlos se les otorgue la revalidación.

Pero esto no termina ahí, ya que para ser recibidos, en la oficina correspondiente, primero deben entregar un oficio dirigido al encargado de la protección al ambiente, diciendo que se allana o se desiste a interponer cualquier tipo de demanda o queja; además, no deben ir acompañados de ningún abogado, porque si no, no hay trato.

Además de reprobar las decisiones, los dueños de los verificentros ya no soportan y quieren garantizar el pleno ejercicio de las competencias.
Encontrando grietas y con constancias de información falsa, emprenden una tarea que no será nada fácil de ganar, y entonces cambiar la ya constante desigualdad.

En su defensa, los dueños de verificentros recopilan información de expedientes plagados de actos de corrupción y en donde existen denuncias en contra de integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, de áreas de control de contaminación atmosférica, de secretarios y hasta magistrados.
Luis Eduardo Gómez García, procurador de Protección al Ambiente del Estado de México, tiene un gran reto por delante.

Es la pieza clave para determinar si se está despojando arbitrariamente a los dueños de los verificentros de la autorización para operar o se está actuando de acuerdo con la ley; es momento de acabar con la incertidumbre.

Saben bien los dueños de los verificentros que encubrir delitos o denuncias los condenan.

¿Quién o quiénes se benefician con la crisis de verificentros en el Estado de México?

jfcastaneda9@hotmail.com