Han pasado dos meses desde que el fiscal general de la Nación (FGN), Alejandro Gertz Manero, anunció algunos supuestos avances de las investigaciones pendientes de dicha dependencia en materia de corrupción.

En esos dos meses, funcionarios de varias dependencias y de la propia Auditoría Superior de la Federación han concluido algunas pesquisas internas sobre actos de corrupción en la pasada administración. Sin embargo, temen que al entregarlas o denunciar ante la FGN, éstas queden en el olvido o sean desechadas por diversos conflictos de interés.

Y es que para muchos de estos denunciantes resulta extraño que continúen en sus cargos diversos funcionarios de la anterior administración que por meses habían retrasado o incluso desechado un sinnúmero de denuncias. Ejemplo de ello, las demandas que presentó en su momento la Auditoría Superior de la Federación en contra de Javier Duarte o de procesos irregulares en las Secretarías de Desarrollo Social.

En estos meses, Alejandro Gertz Manero ha sostenido la fiscalía de manos de subprocuradores que en su momento nombraron tanto el ex procurador Raúl Cervantes como al encargado de despacho, Alfredo Elías Beltrán.

Distintos servidores públicos de la propia FGR aseguran que existen diversos actos irregulares cometidos por el anterior encargado de despacho. Sin embargo, las denuncias no pueden avanzar debido a la intervención de los funcionarios que despachaban al lado de Elías Beltrán y que ahora lo hacen con Gertz Manero.

Lo cierto es que la ahora fiscalía pareciera no avanzar en casos como la Estafa Maestra, Odebrecht, César Duarte que si bien se dijo se volverían a elaborar por diversos defectos en la integración de las carpetas de investigación, la duda es ¿cómo van a subsanar dichos errores con los mismos funcionarios que permitieron esa integración de expedientes?

Desde hace semanas, diversas carpetas de investigación que son puestas a disposiciones de jueces no logran el objetivo de vincular a los presuntos responsables o muchas de ellas con el paso de las investigaciones se llegan a hacer.

Tal es el caso de Francisco Javier Báez Álvarez, quien fuera director de Programación y Presupuesto de la Sedatu, y a quien la FGN acusó por la presunta autorización ilegal de más de 185 millones de pesos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo.

La Fiscalía argumentó que la universidad subcontrató a terceros por un porcentaje superior a 49% del convenio, lo cual sería delito, pero al momento de presentar las pruebas, el juez consideró que el expediente no estaba bien integrado y que las pruebas presentadas no podían considerarse como elementos para vincular a proceso al ex funcionario por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Habrá que poner atención a los procesos que está realizando la FGN, pues también se sabe que se tiene la orden de que absolutamente todos los casos relevantes, sin importar el área que realmente debiera investigar, pasen primero por área de Delitos Federales, la cual determina quién deberá investigar los hechos denunciados. En tanto, seguirán acumulándose cada una de las carpetas de investigación y averiguaciones previas que quedaron abiertas por la anterior administración.