En las últimas tres semanas y sobre el lomo de la aprobación de la reforma constitucional para fundar la Guardia Nacional, el país entró en una zona de turbulencia criminal que parece que ha rebasado a las autoridades.
La lista de delitos de violencia criminal es muy amplia, y aquí se resaltan los más importantes: choque a balazos entre bandas en Michoacán, balaceras en Guanajuato al descubrir que municipios enteros están al servicio del crimen, asesinatos con ráfagas de armas de alto calibre en la zona de Reforma y Chapultepec en la Ciudad de México, registros escandalosos de feminicidios y testimonios de más desaparecidos, entre otros datos.
Las actividades de la Policía Federal y de la Gendarmería han entrado en estado de suspensión a la espera del inicio de la organización de la Guardia Nacional. Pero ese periodo puede ser largo, de varios meses. La avanzada de policías militares en zonas calientes se inició de manera silenciosa desde 2017, pero sus resultados operativos han sido magros porque dependen de las estructuras de seguridad estatales y de la propia PF-Gendarmería que llegó a su límite hace como tres años.
La estrategia de seguridad del gobierno del presidente López Obrador se ha centrado sólo en el tema operativo de la Guardia y las 266 delegaciones territoriales. El Centro Nacional de Inteligencia no ha aportado en los hechos ninguna inteligencia sobre la reconfiguración de las bandas criminales y los Gobiernos estatales han sido pasivos ante la ocupación de municipios por grupos criminales. Las bandas de narcos se han centrado en la producción y transporte, y las promotoras del consumo luchan a balazos por plazas. Y a ellas se han agregado los huachicoleros con su violencia irracional.
Las estrategias de seguridad no deben ser sólo de policías y ladrones, sino que constituyen políticas de Estado, de gobernabilidad y de reasunción del poder institucional y de expulsión de los intereses criminales de las estructuras de soberanía del Estado.
Zona Zero
Como lo hacen cada año la DEA y la Oficina de Drogas del Departamento de Justicia, en México hace falta un reporte anual sobre la existencia, organización y delitos de las bandas criminales para que la sociedad se entere contra lo que está luchando.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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