Comisiones del Senado dictaminaron la minuta de la Cámara de Diputados por la que se propone sancionar hasta con 12 años de cárcel, al funcionario público que gane más que el Presidente de la República.
A pesar de los argumentos en contra de senadores del PAN, PRI y PRD en el sentido de que impedir a los integrantes del Poder Judicial de la Federación trastoca la autonomía e independencia de ese Poder y que el proceso legislativo de la ley no era procedente, dado que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó mantener la suspensión a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el bloque mayoritario aprobó la propuesta de los diputados.
De esa manera se establece que el servidor público, incluidos los del poder judicial, que no notifique o devuelva en un plazo máximo de 30 días el excedente de su salario incurrirá en el delito de cohecho.
Mientras que quien autorice otorgar salarios por encima de los tabuladores aplicables caería en el delito de desvío de recursos.
Ante ello en el dictamen avalado se propone pena de entre tres meses y 12 años de cárcel para quienes acepten o autoricen salarios por encima de los tabuladores, e impone multas de entre dos mil 500 y 94 mil pesos, por no hacer las devoluciones o por autorizar salarios por encima de los tabuladores.
En lo administrativo las sanciones que se proponen son la destitución o inhabilitación para el desempeño de otro cargo, empleo o comisión pública por un período de entre seis meses y 14 años.
La ley que establece que ningún funcionario podrá ganar más que el Presidente, se mantendrá congelada hasta que se revise su constitucionalidad en la Corte, recordó la senadora Nuvia Mayorga Delgado, del PRI.
En tanto, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, alertó de los riesgos que representan las reformas pues se integran sanciones al servidor público, cuando, procediendo de buena voluntad, incurra en un error y perciba una retribución mayor a la debida.
De Morena, la senadora Jesusa Rodríguez Ramírez consideró que nadie puede ganar más que el Presidente porque el país no está en condiciones económicas para pagar sueldos elevados a funcionarios ni a servidores públicos.
Con el aval de la mayoría de los legisladores, se incluyó subsanar errores aprobados en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, armonizar la legislación y actualizar conceptos.
Entre ellos, regular las percepciones de los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias. De las entidades paraestatales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autonomía, las empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal.
Otra de las omisiones subsanadas fue adicionar que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados sea el responsable de emitir una opinión anual sobre las remuneraciones y los cargos clasificados como técnicos especializados con la opinión de, al menos, tres universidades nacionales.
Armoniza la referencia a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en vez de salario mínimo; como resultado de la reforma constitucional de enero de 2016. Y la legislación relativa a los delitos de corrupción por el pago y recibo indebido de remuneraciones.
El dictamen incorpora que cualquier persona puede formular denuncia ante el sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción o ante el órgano de control interno para efecto de que se inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente.
El dictamen tiene que ser avalado por el Pleno del Senado.
fahl