El Gobierno federal prepara una reforma fiscal para el próximo año con la que se espera recaudar entre uno y dos puntos adicionales del Producto Interno Bruto (PIB).
La señal la dio ayer el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien confirmó lo que se venía manejando como rumor en el círculo cercano de López Obrador: el dinero no alcanza para todos los compromisos de campaña.
López Obrador prometió en campaña que no habría aumentos de impuestos, pero decisiones como reducir el IVA a 50% en la frontera norte, no incrementar el costo de los combustibles y la caída previsible de los ingresos por venta de petróleo –la producción nacional va en declive- hacen imposible que se atiendan los compromisos contraídos en los primeros meses de su gestión.
La administración del tabasqueño ha privilegiado el subsidio –bajo el nombre de programas sociales- a la generación de condiciones que permitan el crecimiento económico regional.
Así cada año deberá incrementar sustancialmente los presupuestos asignados a los programas de adultos mayores, de Jóvenes Construyendo el Futuro, mejor conocido como las becas a los ninis, así como los apoyos que se otorgarán a estudiantes de preparatoria y universidad.
Más los que se acumulen.
Tres caminos tiene el Gobierno para paliar la falta de recursos: uno es la contratación de deuda, aunque en el Presupuesto ya se aprobó una cantidad que no debe rebasar.
La otra es reducir el padrón de beneficiarios o hacer más difícil el acceso a los programas sociales.
La tercera es la reforma fiscal que buscará dos puntos adicionales del PIB para poder hacer frente a los requerimientos de la administración pública federal.
Esta tercera opción está en esbozo entre diputados y senadores de Morena; ellos fueron los que repartieron el dinero y saben que la cobija no alcanza para todos.
En las próximas semanas sabremos sobre qué bases irá dicha reforma.
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En el periodo de sesiones que inició el pasado viernes, los diputados deberán aprobar en sus términos o corregir la minuta que recibieron del Senado respecto a la reforma al artículo 19 constitucional, conocido popularmente como el de la “prisión oficiosa’’.
El Senado incluyó los siguientes delitos como objetivos de prisión oficiosa preventiva:
El robo de transporte en cualquier modalidad, abuso o violencia sexual contra menores, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, el uso de programas sociales con fines electorales, los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Además, los delitos cuya medida aritmética de la pena exceda de cinco años de prisión (incluidas calificativas, atenuantes o agravantes) en materia de robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; y en materia de corrupción.
Dos senadores agregaron dos delitos más sujetos de la prisión preventiva: el robo a casa-habitación y el feminicidio.
Sigue habiendo resistencia de la oposición y de organismos de defensa de los derechos humanos.
Pero dado el clima de violencia que se vive en el país –a pesar de que ya se acabó la guerra al narcotráfico-, la sociedad vería como un retroceso que el catálogo no fuera aprobado como se mandó del Senado.
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La oposición en San Lázaro –PRI-PAN-MC y PRD- presentará hoy su contrapropuesta de reforma educativa, cuyo tema central es mantener con vida al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), el mismo que la reforma de Morena quiere echar a la basura.