El gabinete de Andrés Manuel López Obrador ya se dio cuenta que no es lo mismo andar en campaña que ser Gobierno.

Su primer gran encontronazo con la realidad fue el costo real, medido en pesos y centavos, de cancelar el proyecto del aeropuerto en Texcoco.

Si bien es una decisión tomada, el secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, y el nuevo director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Gerardo Ferrando Bravo, anunciaron el Gobierno recién estrenado realizará hoy una recompra de bonos por mil 700 millones de dólares.

La razón es que el nuevo Gobierno federal se dio cuenta –quizá tarde- del daño que causaría a las finanzas públicas embarcarse en cientos de litigios que tarde o temprano perdería con los tenedores de bonos.

Así que decidió anunciar la recompra de bonos por mil 700 millones de dólares –para financiar la construcción del aeropuerto en Texcoco se emitieron bonos por casi seis mil millones de dólares-, lo que le representará desembolsar, así de entrada, entre 36 y 37 mil millones de pesos, dependiendo del tiempo de cambio el día que se realice la operación.

Eso sin contar a los contratistas mexicanos que ya se apalabraron con López Obrador hace unas semanas y que, por lo mismo, hasta ahora, no se han alborotado.

Cuando se anunció la cancelación del aeropuerto se dijo que el costo de la decisión superaría los 100 mil millones de pesos; parece que así será.
Por lo pronto, no suena bien que del presupuesto programado para el próximo año –cuyo monto aún se desconoce- se tengan que destinar 36 ó 37 mil millones de pesos para la compra de bonos a fin de enviar “certezas’’ a los inversionistas extranjeros.

Por cierto, ayer se informó que las obras en Texcoco seguirán, en tanto se llega a un acuerdo con los tenedores de bonos, pero ello no significa que la obra pueda resucitar.
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Con la promesa de que se “buscará el mayor beneficio para el país’’, ayer Carlos Urzúa y Jorge Mendoza, secretario de Hacienda y director de Banobras, anunciaron “la salida del país’’ del avión presidencial que comenzó a dar servicio en febrero de 2016.

El Boeing 787-8 será llevado a una base aérea de la armadora en California, en donde se exhibirá para su venta o renta.

Nada se dijo del precio en el que fue adquirido, y menos cuánto es lo que el Gobierno de la 4T va a recuperar con la cancelación del contrato de arrendamiento.

Urzúa adelantó que se venderán también 60 aviones más y 70 helicópteros, lo que dejará al Gobierno federal sin una flotilla aérea ni siquiera para atender emergencias.

La austeridad antes que nada.
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Aunque dicen que los gobernadores serán los responsables de los programas de seguridad en sus estados, quedó claro que son los superdelegados los que marcarán la pauta en el tema.

Cuestión de ver lo que ocurrió en Jalisco, en donde el superdelegado Carlos Lomelín “invitó’’ al gobernador Aristóteles Sandoval –y a sus presidentes municipales que no fueron a la reunión- a sumarse a la instalación de la instancia “de acuerdo al Plan Nacional para la Seguridad y la Paz’’.

Los gobernadores siguen resistiéndose al hecho de que tengan que compartir el poder ganado en las urnas con un enviado presidencial que les competirá políticamente.