La casa de Prolongación Tajín 873 de la colonia Residencial Emperadores, donde fueron detenidos seis presuntos delincuentes relacionados con el crimen organizado en posesión de 897 mil dólares, está a dos calles de la alcaldía Benito Juárez, la única que no ha perdido el PAN en 17 años en la capital del país.

Está, también, a dos del parque de Los Venados y a ocho de la casa de campaña y ahora de transición de la jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

El problema del crimen organizado está mucho más cerca de lo que parece de nuestra vida cotidiana, de las autoridades y de los desafíos que estamos dispuestos a reconocer urgentes como integrantes de las clases medias mexicanas, saturados de información, actitud crítica y deseo de participación cívica o política en el contexto del tiempo nuevo que vivimos.

La investigación y el operativo que condujo a la detención y decomiso de la cantidad mencionada se relacionan con carpetas de investigación y acciones penales ya ejecutadas que involucran inmuebles de Ampliación Granada y Lomas de Chapultepec.

Las detenciones recientes, en esa y otras operaciones, han sido de presuntos responsables sinaloenses, jaliscienses y… chinos.
Junto con el decomiso, aquéllos son nueva evidencia de que las actividades de las organizaciones criminales se realizan, en buena parte, en barrios y colonias de estratos medios y acomodados, ya se trate de Culiacán, Ciudad Juárez, Tijuana, Zapopan, Boca del Río, Cancún o cualquiera otra.
Ocurría ya en los años 80, cuando Sara Cristina Cosío Vidaurrí Martínez, la sobrina del secretario de Gobierno de la capital nacional y luego gobernador de Jalisco durante tres años, Guillermo Cosío Vidaurrí, sostenía un romance con Rafael Caro Quintero.

Ese tipo de vínculos ya tiene más de 30 años de historia; también tiene décadas la narco-ocupación de los mismos espacios sociales que habían sacralizado como intocables las élites económicas y políticas. Solamente la simulada inocencia capitalina de las autoridades recientes trataba de mantener fuera de la vista de la opinión pública esa presencia.

La investigación en torno a la casa citada es también renovada prueba de que las autoridades capitalinas no pueden negar la existencia de operaciones continuas, extensas y de volumen relevante de los narcos, ni tampoco conformarse con señalar la existencia de actividades de cárteles en las zonas populosas y menos pudientes de las alcaldías Cuauhtémoc, Tláhuac, Iztapalapa o Xochimilco.

Implica, además, que las autoridades, independientemente de su signo político, están obligadas a una nueva forma de cooperación institucional oportuna, de largo plazo y con una perspectiva de gran aliento en la cual la tentación de responsabilizar a una u otra organización partidaria sea colocada fuera de la demagogia del sistema político, tan abundante en nuestro país como las críticas generadas a partir del prejuicio y no de la información acerca del complejo problema de la seguridad.
En la capital del país, narcos are closer than they appear.

@guerrerochipres