Guadalupe Juárez / 24 Horas Puebla
El alza en los casos de robo de combustible en Puebla era –hasta finales de 2016- un secreto a voces entre las autoridades locales, trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y los pobladores de las comunidades donde los ductos de la petrolera atraviesan sus tierras; hoy, es un problema visible que afecta a diversos municipios de la entidad.
Sin embargo, en la recta final de la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle, las explosiones de tomas clandestinas a plena luz del día, la guerra entre bandas locales por operar el robo del hidrocarburo y la llegada de cárteles del narcotráfico que también buscaban el control de este nuevo ilícito, develaron uno de los problemas que, a la fecha, se ha convertido en una constante en el estado.
Al día de hoy, Puebla conserva el primer lugar en tomas clandestinas, pues en lo que va de 2018 se han detectado mil 318.
El triángulo rojo
Datos de Pemex desde el año 2000 indican que, de los 217 municipios del estado, se detectaron tomas clandestinas en al menos 27; sin embargo, en los últimos meses de 2016 los casos se concentraban en cuatro puntos: Acatzingo, Palmar de Bravo, Quecholac y Tepeaca, zona conocida como el triángulo rojo.
En las cuatro demarcaciones se presentaban balaceras, ejecuciones, robo de vehículos utilizados para el trasiego y el interés de las bandas de huachicoleros –como les llamaron a los ladrones de combustible- en reclutar a jóvenes y niños como halcones para protegerse de los operativos implementados por las autoridades estatales y las fuerzas castrenses que llegaron, en un primer momento, a Palmar de Bravo, para intentar contener la violencia generada en estos puntos.
Sin embargo, las bandas dedicadas a la extracción ilegal del hidrocarburo lograron la protección de algunos presidentes municipales –entre ellos se presume al ex edil de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, detenido en 2017 por lavado de dinero en sus gasolineras- e incluso la protección de policías estatales.
Por ejemplo, el ex director de la policía estatal Marco Antonio Estrada López, fue detenido en 2015, en Tepeaca, por proteger a los huachicoleros y quedarse con la mitad del combustible robado, según denunciaron algunos de los delincuentes aprehendidos.
En el triángulo rojo operaban bandas locales, asesoradas por ex trabajadores y colaboradores de Pemex, grupos formados por quienes desertaban de estas células y otros que eran financiados por organizaciones como Los Zetas y el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Por Los Zetas, está identificado Roberto de los Santos de Jesús, el Bukanas, y por el Cártel Jalisco Nueva Generación, Antonio Martínez Fuentes, el Toñín, ambos prófugos.
Nuevos focos rojos
Con la llegada de José Antonio Gali Fayad al Gobierno estatal, en febrero de 2017, éste anunció una lucha frontal contra el robo de combustible, que incluía cooperar con otras instancias federales como el SAT, el Ejército y la Marina para combatir el ilícito, en sus modalidades de robo, trasiego y venta, que ya se habían detectado en franquicias de Pemex.
Este fenómeno era visible debido a que las gasolineras cada día compraban menos combustible a la petrolera, debido a que adquirían la gasolina proveída por los huachicoleros.
Sin embargo, lo que parecía iba a disminuir los casos de tomas clandestinas, provocó que el problema se mudará al otro lado del estado, a municipios como San Martín Texmelucan, San Salvador El Verde y Santa Rita Tlahuapan, provocando, se podría decir, un nuevo triángulo rojo.
LEG