Quienes andan muy nerviosos son los gobernadores de las 32 entidades del país.

Claro, los que se van en octubre y diciembre, ya la libraron y los que entran pero que ganaron por Morena, están avisados.

El resto tiene ante si un panorama desolador.

Como es sabido, Andrés Manuel López Obrador pretende hacer un reajuste del presupuesto para el próximo año calculado entre los 500,000 mil y los 700,000 millones de pesos.

Ese dinero será para cumplir sus ofertas de campaña: aumento a la pensión de adultos mayores, salario de 3,600 pesos mensuales para trabajadores aprendices, 2,400 pesos bimestrales para los jóvenes que no estudian ni trabajan, entre otros.

El próximo presidente aseguró que no incrementaría los impuestos sino que, por el contrario, los reduciría.

¿De dónde pues sacará el dinero para cumplir sus promesas, si de cada presupuesto anual el jefe del Ejecutivo dispone solamente de entre el 13 y el 15% para sus programas?

El 85% de cada presupuesto anual está etiquetado y no hay manera de evadir esas responsabilidades.

Aún con sus programas de austeridad y su programa de despidos selectivos, la nómina federal no se reducirá sustancialmente como para generarle esos 700,000 millones que requiere.

Los gobernadores temen, con justificación, que se impacte negativamente el presupuesto participable, es decir, la cantidad de recursos a los que los estados tienen derecho de acuerdo a la ley.

Por ello están buscando que antes de la toma de posesión de López Obrador la Conago organice una reunión para externarle sus preocupaciones.

El llamado paquete económico debe presentarse el 8 de septiembre a más tardar, pero este año, por ser de transición, la Secretaría de Hacienda lo puede presentar hasta el 15 de noviembre.

Si antes de esa fecha no ocurre esa reunión, lo más probable es que los gobiernos estatales tendrán que ajustarse a fuerza a la política lopezobradorista.

Y si a ello le suma que tendrán “un gobernador de sombra’’ –delegado, según AMLO-, que vigilarán el gasto en cada estado, los mandatarios estatales tienen motivos de sobra para estar nerviosos.

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¡Qué pésimo tacto político tienen en la PGR!

Primero pierden el sonado caso contra Elba Esther Gordillo y ayer anuncian que no tienen elementos suficientes para sostener la acusación de delincuencia organizada en contra de Javier Duarte por lo que reclasificaron el delito a asociación delictuosa, que aunque suena a lo mismo no es igual.

Y aunque Javidú está lejos aún de poder llevar los juicios que tiene en contra en libertad bajo fianza, el hecho de que le hayan abierto una rendija para que pueda salir le generó un pésimo ambiente al gobierno actual y al entrante.

A lo mejor esa era la intención, pero en la política dicen que la forma es fondo y nadie en el país puede evitar la sospecha –ojo, sospecha-, de que algo muy turbio debió ocurrir para que el ex gobernador de Veracruz pueda pasar las posadas en alguna de sus múltiples propiedades.