Foto: EFE El presidente señala que en su decisión no influyen sus propias convicciones personales y asegura que promulgará la ley si el Parlamento incluye un informe médico para los menores de edad.  

LISBOA.- El presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, vetó hoy la ley que permitía cambiar de sexo en el registro civil a partir de los 16 años y pidió que se exija un informe médico en el caso de los menores de edad.

Según una nota divulgada en la página oficial de Presidencia lusa, Rebelo de Sousa solicitó al Parlamento luso, que aprobó la ley el pasado abril, “que pondere la inclusión de un informe médico previo a la decisión sobre la identidad de género antes de los 18 años de edad”.

La nota subraya que, si bien no se considera que la situación de cambio de sexo sea “una patología o situación mental anómala”, la solicitud de un informe médico podría ayudar a “dejar a quien escoge el máximo de libertad o autonomía” en el caso de que reconsideren su elección.

Además, “existiendo la posibilidad de una intervención quirúrgica de cambio de sexo que, como acto médico, supone siempre un juicio clínico, parece sensato que un parecer clínico pueda existir también antes, en el momento inicial de la decisión de elección de género”, añade la nota.

El presidente señala que en su decisión no influyen sus propias convicciones personales y asegura que promulgará la ley si el Parlamento incluye un informe médico para los menores de edad.

La ley bajaba de 18 a 16 años la edad mínima para que los ciudadanos puedan cambiar de sexo en el registro civil y eliminaba la necesidad de presentar un informe médico para conseguirlo.

Fue aprobada en abril con votos a favor del gobernante Partido Socialista, el marxista Bloque de Izquierda, el partido ecologista Los Verdes y el Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza.

La Constitución portuguesa otorga al jefe del Estado la capacidad de “veto absoluto” a las leyes aprobadas directamente por el Gobierno y “veto relativo” a las normas avaladas por el Parlamento.

En este caso, el Parlamento puede volver a aprobar la misma ley sin realizar cambios y el presidente estaría obligado a promulgarla en ocho días o directamente enviarla al Tribunal Constitucional.

 

NCG