El comisionado de Seguridad Nacional, Renato Sales, dijo que a la par de la aprobación de la Ley de Seguridad se debe de reformar el Artículo 123, apartado B, sección XIII, pues en él no se garantizan los derechos a los operadores del Sistema Penal, policías, agentes del Ministerio Público y a peritos, entre otros.

 

“Es necesario acompañar esta Ley de Seguridad Interior con una reforma al Artículo 123, apartado B, fracción III de la Constitución. Actualmente se discrimina a los operadores del sistema penal, a los policías, a los agentes del Ministerio Público y a peritos. Lo que necesitamos es construir policías con futuro”.

 

En entrevista con medios de información, Sales Heredia señaló que este es un debate que se tiene desde hace más de 20 años y lo que se pretende con esta ley es normar y reglamentar la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de la sociedad civil, la cual está basada en tres principios claves, que son gradualidad, temporalidad y subsidiariedad.

 

“Gradualidad, que solamente intervendrán Fuerzas Armadas cuando no sea posible conjurar la amenaza a partir de las Fuerzas Federales, Policía Federal y la Agencia de Investigación Criminal. En lo temporal, no es verdad que se pretenda militarizar sin mantener el statu quo”.

 

“De ninguna forma esta ley implica que las Fuerzas Armadas sustituirán a la autoridad civil, al Ministerio Público o a las policías estatales. Se les tiene que dar certeza jurídica al Ejército para que pueda seguir brindando seguridad al interior del país”.

 

El comisionado reiteró que no es prudente regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles debido a que no hay policías preparados para enfrentar al crimen organizado, “esto se debe a que hay una insuficiencia policial, falta capacitación suficiente y no hay respeto para la vocación y a la profesión policial”, concluyó.

 

 

Fortalecen Agencia de Investigación Criminal

La Procuraduría General de la República (PGR) fortaleció la Agencia de Investigación Criminal (AIC) con la creación de ocho nuevas unidades administrativas, entre ellas la Oficina Nacional de Políticas de Drogas, que integrará, coordinará, planeará, conducirá y evaluará el Programa Nacional de Políticas en la materia.

 

Así  como las unidades de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas; Operaciones de Alto Impacto; de Capacitación, Talento Humano y Coordinación de Logística.

 

 

 

con información de Daniela Wachauf

*edición impresa 24 Horas

 

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