Un juez de control vinculó a proceso a Jaime Smith, corresponsable de instalaciones del inmueble de Zapata 56 de la colonia Portales que colapsó con el sismo del 19 de septiembre, por los delitos de  responsabilidad de corresponsables de obra y homicidio doloso, informó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México ayer en un comunicado de prensa.

 

Después de la segunda audiencia y con las pruebas ofrecidas por la PGJ, el juzgador autorizó un plazo constitucional de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria contra el arquitecto e ingeniero, el primer procesado por el caso.

 

Martín Téllez, hijo y esposo de las dos víctimas que fallecieron en el siniestro, criticó que hasta ayer, el arquitecto no comprobó la enfermedad de Guillain Barré (en la que el sistema inmunitario del cuerpo se ataca a sí mismo) con la que logró pasar su prisión preventiva en la torre médica del penal de Tepepan.

 

“El señor Smith siento que con lo de la enfermedad quiso hacer esto más aparatoso para que el juez tuviera indulgencia con él. No sé si es culpable o no, percibo que a toda costa quiere deslindarse; su error fue firmar documentos que no tenía que haber firmado.

 

“No sé si ya hay una orden de aprehensión contra los dueños de la constructora, sólo sé que contra el DRO y corresponsables. Aquí  lo más importante es que los dueños respondan, no puede ser que como dueño no sepan qué están haciendo en su empresa”.

 

Otro deslinde que estima el afectado es por parte de Olivia García, dueña del departamento donde sus familiares trabajaban, pues si bien se tuvo una primera reunión con ella y habló de tener un seguro con cobertura a terceros, ahora está desaparecida.

 

De acuerdo con los abogados de Téllez, García tendría un vínculo con la constructora responsable Canada Building Systems, pues trabaja en una inmobiliaria donde su jefe directo es amigo de los dueños de la primera.

 

 

Acusa violación a derechos

Mediante una carta, la familia de Jaime Smith acusó que el Ministerio Público violó sus derechos constitucionales, pues se le nombró como director responsable de obra, cuando es corresponsable de instalaciones,  así como ser dueño de un departamento y socio de la constructora, hechos que negaron, y se filtraron sus datos personales con “escarnio y dolo”.

 

Además, de las pruebas ofrecidas por la PGJ, ninguna es competencia de un corresponsable de instalaciones.

 

 

 

*edición impresa 24 Horas

 

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