En la Ciudad de México diariamente se presentan diversas manifestaciones sociales. En todos los casos existe la necesidad del desarrollo armónico tanto de estos movimientos como de la sociedad que vive, transita o visita esta urbe. La coyuntura de este tipo de manifestaciones hizo necesaria la reflexión y la comunicación respecto de la presencia de la seguridad como un elemento ajeno para el fin y objeto de los manifestantes, pero necesaria para la realización pacífica de las mismas.

 
Uno de los primeros retos fue convocar a grupos organizados de la sociedad civil, así como organismos encargados de los derechos humanos y periodistas. El propósito era comunicarles la necesidad de generar seguridad y vincularse con ellos para entender a la seguridad no como un tema de represión de ideas o posiciones ideológicas, sino más bien como un elemento necesario para garantizar el derecho a la libre expresión de manera pacífica, pero también la necesidad de tutelar y garantizar la integridad física y la seguridad tanto de participantes, como de ciudadanos terceros que, en ocasiones, también se ven envueltos en riesgos o afectaciones. Asimismo, es necesario garantizar el derecho de libre tránsito y brindar certezas y ausencia de riesgos para las personas y su patrimonio.

 
Ante esta realidad se propuso la creación de un protocolo policial que contuviera las necesidades de seguridad con un enfoque de respeto a los derechos humanos. En este sentido, la creación de este instrumento implicó un gran reto en la vinculación y comprensión sobre la seguridad, organizada por la misma sociedad, y la institucional, brindada por la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Bajo nuevos esquemas de comunicación, corresponsabilidad y comprensión de la necesidad social de que la seguridad es un elemento indispensable para generar cualquier actividad humana y social, en consecuencia también lo es la aceptación de los cuerpos policiacos.

 
Es así que el jueves pasado se emitió el Protocolo de Actuación Policial, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para la protección de personas en el contexto de manifestaciones, el cual tiene como fin garantizar la seguridad, salvaguardar la libertad de expresión, la libre circulación y la libertad de tránsito, así como regular las acciones policiales y evitar cualquier exceso en su conducta. En su elaboración participaron 11 organizaciones de la sociedad civil, así como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

 

 

 

La creación de este protocolo concibe que las personas, los detenidos y los policías deben ser garantes de la protección a sus derechos humanos. De esto, se desprende una verdad inequívoca y a veces omitida, que es la función social del policía como garante de la seguridad social, es decir, son aquellos elementos policiacos que están dispuestos a contender con los riesgos, vicisitudes, enfrentamientos y percepciones que sean necesarios para garantizar los intereses de la sociedad. Ésta es la parte en que a veces olvidamos que la seguridad físicamente representada la brindan los policías, seres humanos que también tienen derechos humanos y familias; son ellos quienes se exponen por los demás.

 
Asimismo, este protocolo, que es un hito en el desarrollo policial, genera certeza en la actuación policial y de quienes concurren a las manifestaciones, puesto que da los elementos que legitiman las acciones policiales y pone un freno a cualquier exceso en su labor.

 
La policía, en defensa de la sociedad.