El 70% del presupuesto que se proyecta para el próximo año en materia de transparencia, sería absorbido por los salarios del aparato burocrático del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai).
De acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el organismo de transparencia tendría un presupuesto global de 955 millones 861 mil pesos, es decir, 2% más, respecto a los 937 millones 860 mil pesos. Un incremento efectivo de 18 millones 491 mil pesos.
El desglose de la cifra indica que 670 millones 105 mil 395 pesos, lo que representa 70%, serían utilizados en el rubro de Servicios Personales, es decir, pago de salarios y prestaciones a los burócratas del INAI. Los restantes 285 millones 755 mil 961 pesos serán utilizados en gastos de operación e inversión, incluida la organización del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).
De acuerdo a un comparativo de este diario, el rubro de Servicios Personales tendrá un incremento de 2.7%. Al pasar de 652 millones 202 mil 40 pesos a 670 millones 105 mil 395 pesos.
En contraste, se reduciría en 3.2% el presupuesto a la Coordinación del Sistema Nacional de Transparencia, considerado por el mandatario Enrique Peña Nieto como uno de los pilares para combatir la corrupción en el país.
Según el desglose, en 2016 se ejercieron 142 millones 627 mil 362 pesos en el Sistema Nacional de Transparencia; mientras, en 2017 se planea disminuir esa cifra a 137 millones 991 mil 780 pesos.
Respecto al sueldo de los siete comisionados, tendrán un salario anual de 3 millones 436 mil 645 pesos, lo cual, es 23 mil pesos menos a lo que se les autorizó en 2016, con tres millones 460 mil 29 pesos.
En su justificación presupuestal, el Inai advierte que en próximas fechas reformará su normatividad interna de nuevo, debido a la aprobación de las leyes pendientes de la Reforma en Transparencia.
“Se espera que en el corto plazo, el Inai realice modificaciones internas de gran calado, debido a la aprobación, por el Congreso de la Unión, de leyes que incidieran de forma determinante en el quehacer institucional, como son la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley General de Archivos”, indica el documento.