La Asamblea de Barrios cuenta con cientos de adherentes en toda la Ciudad de México; sin embargo, dentro de su organización hay divisiones para deslindarse de las invasiones como las ocurridas en la calle de Benjamín Hill en la Condesa.

 

Esta misma división interna también hace que sólo algunas de ellas sean completamente reconocidas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi). Además, su actuación no está regulada por la Ley de Vivienda local, por lo que no se cuenta con un seguimiento legal sobre cuáles son las que realmente cumplen con el objetivo de búsqueda de vivienda digna.

 

De acuerdo con dirigentes de la Asamblea de Barrios, en la capital hay 150 representantes de los distintos subgrupos, número que puede aumentar o disminuir, sin que haya un directorio de cada uno. El Invi tiene un registro de 300 organizaciones gestoras de vivienda, entre las que se encuentran 15 de la Asamblea de Barrios; sin embargo, hay corrientes que también forman parte del Movimiento Urbano Popular, como lo es el caso de Asamblea de Barrios del Poniente perteneciente al de Benjamin Hill y que también está apoyada por el Frente Popular Francisco Villa.

 

El Invi tiene otro listado con organizaciones suspendidas, es decir, que ya no se les permite hacer ningún tipo de gestión por alguna irregularidad. En esta lista está una parte de la Asamblea de Barrios y también del Frente popular Francisco Villa.

 

Dentro de la Asamblea de Barrios y el Frente Popular Francisco Villa hay corrientes que se deslindan de casos como el ocurrido en Benjamín Hill. Es el caso de  la Asamblea de Barrios grupo Pensil, que se encuentra reconocida por el Invi, la cual acudió a la Asamblea Legislativa capitalina para desvincularse de los “pseudogrupos que hay en toda la Ciudad, mismos que usan nombre y actúan para hacer despojos e invadir predios para sus intereses personales”, difundieron.

 

Dunia Ludlow, presidenta de la Comisión de vivienda de la ALDF, dijo en una entrevista con 24HORAS que el Gobierno capitalino debe distinguir entre las organizaciones que sí hacen las cosas bien y las que no, pues la mala fama creada a partir de éstas últimas hace que haya un rechazo general hacia ellas principalmente en las colonias residenciales y clase media.

 

“Debemos hacer una diferenciación, si no, los vecinos van a seguir renuentes a que se genere vivienda de interés social en las colonias, y eso es muy lamentable y es muy lastimoso para la ciudad porque, al final, a quien estamos expulsando es a los que menos tienen”.

 

Explicó que los costos del suelo provocaron que desde hace muchos años, las organizaciones de vivienda puedan hasta acceder al suelo a través de invadir predios, que tienen alguna falta de certeza jurídica y “eso es algo que de origen tenemos que resolver”.

 

En ese sentido, adelantó que en septiembre presentará una nueva ley de vivienda que abarque a las organizaciones que operan de manera adecuada  para que se les dé apoyo.