La Presidencia de la República anunció que el mandatario Enrique Peña Nieto vetará un artículo de las leyes anticorrupción que obligaban a los empresarios con contratos públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.

 

En un mensaje a medios, en la Residencia Oficial de Los Pinos, el consejero jurídico, Humberto Castillejos, informó que el Presidente decidió ejercer su facultad de veto al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y devolverlo al Senado para un nuevo análisis con las observaciones realizadas por el Ejecutivo.

 

“Este día, el Presidente de la República devolverá al Senado para su análisis el artículo 32, incisos B y C, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y otros 15 artículos más, relacionados con este artículo 32”, dijo.

 

Acompañado del vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, el consejero jurídico recordó: “estos artículos señalan que todo particular, sea un individuo o una empresa, que reciba o ejerza recursos públicos o contrate con cualquier instancia de gobierno debe presentar sus declaraciones patrimoniales, es decir, dar a conocer a la autoridad, todo su patrimonio”.

 

Agregó que los artículos obligan “a todas las personas que trabajan en una empresa que contrate con el gobierno, es decir, la totalidad de los trabajadores de una empresa, sin importar su función, tendrían que presentar estas declaraciones”.

 

Explicó que el gobierno federal escuchó a la cúpula empresarial, “que argumenta que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones”.

 

A juicio de Castillejos, la actual ley “inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos al gobierno, y lo más importante, afectaría a personas que no están vinculadas a contrataciones como beneficiarios del programa Prospera o becarios del Conacyt, entre otros”.

 

Para la Presidencia de la República, la medida, aprobada por el Poder Legislativo, “resultaría contraria a los Derechos Humanos previstos por la Constitución General de la República al afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos, e incluso de extranjeros que no viven en el país, pero trabajan en una empresa transnacional”.

 

El Presidente solicitará al Senado la apertura de un nuevo periodo extraordinario para disctutir sus observaciones a las leyes del Sistema Anticorrupción. “El Gobierno de la República está convencido de que por ningún motivo debemos retrasar la vigencia del nuevo sistema”.