Hace poco más de un año, el Consejo Coordinador Empresarial, organismo que agrupa a los “cupuleros” del país (Coparmex, Concamin, et al), tuvo la ocurrencia de elaborar un Código de Integridad y Ética Empresarial, con 12 mandamientos que los “ricardos” (personas físicas o morales nacionales y extranjeras de todo el mundo, cotizaran o no en el mercado de valores que hicieran negocios con el sector público) deberían observar, nada más observar, para prevenir la corrupción.
No robarás, no sobornarás para que te den una concesión pública, no serás deshonesto, no permitirás que los partidos políticos te pasen “la charola”; los dueños, accionistas y coyotes deberán “cortarse las uñas”… eran algunos de los principios.
Prohibirás actos de soborno, corrupción, colusión, cohecho o en general cualquier actividad que implique un pago en dinero o en especie, ventajas, privilegios, préstamo de servicios, asunción de deudas u obligaciones o atenciones excesivas, directamente o por medio de terceros a un funcionario público, a alguna entidad que maneje recursos públicos y tenga facultades de autoridad frente a particulares; a un funcionario de una empresa pública, con el objetivo de evitar el cumplimiento de una disposición legal, administrativa o judicial, de algún código de conducta, declaración de principios éticos de cualquier empresa… que tenga por objeto obtener una ventaja de negocios o una decisión que no hubiera correspondido, sino como consecuencia del pago efectuado, decía el primer mandamiento.
En la Transparencia y la Integridad en las Inversiones (otros dos mandamientos), deberían incluir los empresarios lineamientos y mecanismos tendientes a regular actividades comerciales que sean propiedad de o estén controladas, directa o indirectamente, por funcionarios públicos, así como reglas para la contratación de familiares de partes interesadas con los negocios de la empresa o de proveedores o clientes importantes, sean del sector público o privado. Las compañías deberán instrumentar los mecanismos para procurar que sus agentes, representantes, clientes, proveedores, asociados y socios comerciales cumplan con los términos de las políticas de las empresas para evitar la corrupción, ya sea en México o en el extranjero. Asimismo, las empresas deben abstenerse de participar directa o indirectamente en cualquier concurso o licitación, en el cual existan indicios de corrupción, e incluso comunicar a las autoridades y a otros concursantes o licitantes de las irregularidades que se presenten.
¡Pura hipocresía! Y cuando los senadores los incluyeron en la Ley 3de3 para “ponerle dientes a su código”, pegaron de gritos diciendo: “¡Que se combata la corrupción, pero en los bueyes del compadre!”.
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El programa de parquímetros Ecoparq, del Gobierno de la Ciudad de México, que ha resultado exitoso en el combate a la contaminación y ahorro de tiempo y gasolina, cumplió cuatro años de operación en el polígono Lomas-Virreyes. Ecoparq permite un ahorro anual, por cada uno de los 13 polígonos, de 827 mil 47 litros de gasolina quemada, que representa un ahorro de más de 10 millones de pesos y destina 30% de contraprestación a mejoramiento del espacio urbano. Hasta el momento se han ejecutado más de 70 millones de pesos en obras, las cuales son decididas por el comité vecinal de cada polígono, no por la autoridad ni por la concesionaria.