WASHINGTON. La Suprema Corte de Estados Unidos escuchará el 18 de abril próximo los argumentos orales en la demanda sobre la constitucionalidad de las órdenes ejecutivas del presidente para beneficiar a casi cinco millones de indocumentados.

 

El Departamento de Justicia apeló el fallo de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones que dejó en suspenso la ampliación del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y su versión para adultos (DAPA), impugnados por 26 estados del país, incluido Texas.

 

Será el primer caso en el calendario del máximo tribunal estadunidense y el primero desde el fallecimiento del magistrado conservador de la Suprema Corte de Justicia, Antonin Scalia, cuyo deceso alteró el balance de la corte que se inclinaba hacia el sector conservador.

 

Tanto representantes de la administración de Barack Obama como de los 26 estados deberán argumentar sobre si las entidades del país tienen jurisdicción para impugnar las decisiones del presidente, si las acciones del mandatario son “arbitrarias y caprichosas”, y si se cumplió con el proceso legal.

 

El tribunal agregó un tema que no estaba incluido en la demanda original y pidió a las partes argumentar en favor o en contra: Si las órdenes del presidente violan la cláusula de “encargo” de la Constitución Política de Estados Unidos.

 

La Cláusula Constitucional se refiere al hecho de que el presidente debe “encargarse” de que las leyes del país sean “ejecutadas fielmente”.

 

Bajo el calendario tentativo de la corte, su resolución final podría ser emitida en junio próximo, por lo que podría tener incidencia en el debate migratorio de cara a las elecciones presidenciales de noviembre proximo.

 

El tema migratorio adquirió un lugar central en las campañas republicana y demócrata, a raíz de la polémica propuesta del millonario Donald Trump de deportar a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos, y de elevar un muro en la frontera con México.

 

En noviembre de 2015, la administración Obama había apelado el dictamen de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans, que mantuvo en suspenso la implementación de las acciones de alivio migratorio.

 

El Departamento de Justicia pidió en su momento a la máxima instancia judicial del país acelerar el proceso de consideración y resolución del caso durante su actual periodo de audiencias.

 

La apelación se produjo días después que un panel de tres jueces de la corte de Nueva Orleans falló a favor de que se prolongara la suspensión sobre la implementación de esas medidas dictada antes por el juez federal Andrew Hansen, en respuesta a la demanda de 26 entidades.

 

El gobierno solicitó una “revisión inmediata” de su apelación al citar la enorme importancia de las políticas en juego, e hizo énfasis en al daño que una demora podría generar “para las muchas familias afectadas” y la necesidad de la pronta implementación de estas medidas.

 

Bajo la directiva ejecutiva de Obama, el gobierno buscó ampliar a partir de febrero pasado el DACA, que se estima beneficiaría a unos 300 mil jóvenes indocumentados adicionales a los 700 mil que han recibido suspensión de sus deportaciones y obtenido permisos de trabajo.

 

Igualmente pondría en vigor una variante para adultos conocida como DAPA, y la cual buscaba beneficiar a más de cuatro millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos, que son padres de menores ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes.