Familiares de los 72 migrantes asesinados en 2010 en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, solicitaron al presidente de la Comisión Nacional de derechos Humanos, Raúl González Pérez, ayuda para que les sea reparado el daño que sufrieron, además de certificar que los restos que les fueron entregados sean los de sus seres queridos.
La solicitud fue hecha, en una reunión que tuvieron los familiares con el ombudsman en la sede de la CNDH, donde las víctimas expusieron su molestia porque el Estado mexicano sigue sin reparar el daño de los hechos que ocurrieron hace más de cinco años, además de que tienen la incertidumbre sobre la identificación de los cuerpos.
En respuesta, González Pérez ofreció ayuda para comenzar los trámites correspondientes para que a los familiares de las víctimas les sea reparado, además de que pondrá a su disposición peritos forenses de la Comisión para dar certeza sobre la identidad de la identidad de los cuerpos que se les entregaron.
Este caso data de agosto de 2010, cuando elementos de la Armada de México encontraron una fosa con 72 cuerpos en una bodega en San Fernando, Tamaulipas. Tras una investigación se determinó que los cuerpos correspondían a migrantes centroamericanos y sudamericanos que fueron ejecutados por sicarios de Los Zetas.