Enrique Alonso Plascencia, alcalde de Tlaquiltenango y cinco de sus colaboradores fueron exonerados por un juez de control por no contar con los elementos suficientes para vincular a los funcionarios por los delitos de incumplimiento de la función pública, abuso de autoridad y despojo, de los que fueron señalados por el gobierno del estado.

 

El edil, cabe recordar, “tomó” las instalaciones de la Policía Municipal en enero pasado luego de que el Mando Único asumiera el control de la seguridad del municipio; en respuesta, Plascencia afirmó en ese momento que él asumía la seguridad y la prevención del delito.

 

Durante la audiencia celebrada ayer por la jueza María Guadalupe Flores, se presentaron cuatro testimonios por parte de los abogados defensores de los imputados; en tanto, por parte del fiscal se mencionaron las declaraciones de elementos del Mando Único que estaban a cargo en el momento en que ocurrieron los hechos. Entre las resoluciones respecto a dichas imputaciones, la juez apuntó sobre la acusación del delito de despojo, que el Mando Único no es propietario de la comandancia de seguridad pública municipal, pues es propiedad “del pueblo” y no se adquieren derechos de posesión por laborar ahí, por lo que el delito no está justificado.

 

Lo concerniente a la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, Flores Servín señaló que no se ofreció ningún dato que revelara que haya habido algún tipo de violencia o vejación hacia los elementos del Mando Único que se encontraban en el inmueble; y aunque reconoció que existe un “problema social” en el sistema policiaco en el municipio no ha dejado de operar por lo que no encontró elementos para fincar la responsabilidad de no cumplimiento de las funciones públicas.

 

Tras el dictamen, el edil salió de la sala de la ciudad Judicial de Jojutla y exclamó a algunos simpatizantes que se habían dado cita afuera del recinto para apoyarlo. “Estamos absueltos”, gritó Alonso Plascencia. “No se me vinculó a proceso, no hubo argumentos suficientes para que se me vinculara proceso, con esto se demostró que no hemos cometido ningún delito y no se violó el decreto”, declaró ante medios locales.

 

El polémico edil, junto con dos de sus regidores, la secretaria municipal, uno de sus escoltas, así como su hermano y “asesor en seguridad” fueron denunciados por el Ejecutivo luego de que el pasado 18 de enero encabezaron una manifestación que terminó por irrumpir en las instalaciones de seguridad pública en rechazo de la implementación del Mando Único estatal.

 

Sin embargo, recordó que aún se encuentra a la espera de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la controversia que presentó de inconformidad para que se determine si sigue operando o no el mando único en Tlaquiltenango, el cual reiteró resulta un modelo que atenta contra la autonomía del ayuntamiento.