La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaria de la Función Pública (SFP) suscribieron el “Acuerdo contra el uso electoral de los programas sociales”.

 

En el marco de este convenio, que tiene como objetivo garantizar la absoluta imparcialidad en el uso de los recursos públicos durante los comicios que se celebrarán este año en el país, se anunciaron acciones de capacitación y difusión para prevenir los delitos electorales.

 

En conferencia de prensa, la titular de la PGR, Arely Gómez, dijo que de este convenio se derivan acciones de capacitación y divulgación, tendentes a la prevención de delitos electorales.

 

También tiene la intención de prevenir a los servidores públicos de sus obligaciones para que no cometan algún delito y de alentar a los ciudadanos para que denuncien los posibles hechos delictivos, afirmó la procuradora.

 

“Que sean cada vez más los ciudadanos que puedan ejercer los derechos sociales. Gobiernos estatales y municipales se suman a este esfuerzo”, destacó José Antonio Meade, secretario de Sedesol, quien reiteró que entre las prioridades de esta administración está la de combatir la pobreza y atender a los grupos más vulnerables.

 

Sin embargo, coincidió con el mensaje del papa Francisco, quien dijo que combatir la pobreza extrema aún es tema pendiente.

 

Ningún programa se va a interrumpir, afirmaron, Prospera, Diconsa y adultos mayores. Los programas que no tienen calendario fijo deberán interrumpirse 45 días antes de las elecciones.

 

El 5 de junio habrá comicios y para ello dichas instancias entregan la información amplia y suficiente de los derechos ciudadanos privilegiando la transparencia y rendición de cuentas, afirmó.

 

Por su parte, Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, refirió que hace 22 años nació la pretensión común para el principio de imparcialidad en los comicios.

 

“Se han multiplicado los programas sociales, es evidente la pluralidad política. Debemos recordar que el uso de recursos públicos en las campañas pone en juego tres dimensiones: la ley electoral, la de carácter penal y la de responsabilidad de los servidores públicos.
“La Función Pública se compromete a brindar información a todos los servidores, en carácter preventivo, y estar atentos a cualquier irregularidad”, subrayó el secretario.

 

En su mensaje ratificó el compromiso de neutralidad e imparcialidad para respetar la voz social.

 

En tanto, la procuradora recordó su deber a respetar los derechos de votar y ser votados.
“Un Estado de derecho democrático considera igualdad de oportunidades… y un sistema legal que respete derechos civiles.

 

“Este año se celebran 14 comicios estatales. Una parte fundamental es que los servidores se comprometan a la transparencia, imparcialidad… atender lo relativo a las denuncias en materia electoral”, destacó Gómez González.