El ministro presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán reconoció que aunque se ha registrado un importante avance en materia de protección de los derechos humanos “aún falta mucho camino por recorrer y tanto más por hacer”, por lo que “no cederemos en ese empeño”.

 

Ante integrantes del Pleno, así como invitados especiales, Dayán refrendó su compromiso por consolidar el sistema de protección de derechos humanos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales.

 

Al rendir el informe anual de labores de esa sala, advirtió que la consolidación del sistema de justicia al que aspira la sociedad requiere talento, dedicación y un gran compromiso ético y jurídico a la altura del contexto económico y político del país.

 

Como parte de los logros, el ministro destacó las resoluciones emitidas en materia de derecho a la salud, derechos de los pueblos indígenas, competencia económica y responsabilidad patrimonial del Estado.

 

Además, aseguró que rumbo al 2016 la Segunda Sala trabajará para garantizar un efectivo acceso a la justicia, desafío que exige adoptar medidas administrativas funcionales, a través de instrumentos previstos en la ley, como el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación.

 

Las nuevas herramientas permiten enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias, mediante el empleo de las más avanzadas tecnologías de la información.

 

Ello, tal como dispone el Artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), explicó.

 

De los resultados obtenidos en el periodo que abarca el informe, el ministro Pérez Dayán refirió que se integraron tres mil 181 expedientes electrónicos, a partir del mismo número de impresos.

 

Respecto de la función jurisdiccional, ingresaron a la sala cuatro mil 212 asuntos que sumados a los 835 en existencia dan un total de cinco mil 47.

 

De esa cifra, egresaron cuatro mil 321, que representan 85.61 por ciento del total, y quedaron pendientes de trámite y resolución 726 expedientes.

 

De los asuntos egresados, tres mil 361 se fallaron en 39 sesiones de sala, 398 egresaron por returno, 534 causaron baja por acuerdo de presidencia y 28 se remitieron al Tribunal Pleno o a la Primera Sala para su resolución.

 

De los resueltos, mil 66 fueron amparos directos en revisión, 272 amparos en revisión, 160 conflictos competenciales, 164 contradicciones de tesis, 110 facultades de atracción, 798 recursos de inconformidad y 582 recursos de reclamación.

 

La materia de fondo que prevaleció en los juicios de amparo y en las contradicciones de tesis, fue la administrativa.

 

En el trámite de los asuntos se dictaron 14 mil 470 acuerdos de presidencia y se practicaron 18 mil 28 notificaciones. Además, la sala emitió 132 tesis aisladas y 164 jurisprudencias.

 

Entre los fallos emitidos, se refirió al relacionado con el derecho al nivel más alto de protección a la salud, en el que se analizó un caso de servicios médicos insuficientes para personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

 

En este caso, abundó, se concedió un amparo porque las autoridades responsables no demostraron haber empleado todos los recursos disponibles para brindar la atención requerida.

 

Ello, a pesar de que ellas mismas reconocieron que las instalaciones hospitalarias en cuestión generaban un elevado riesgo de contagio que puso en peligro la vida de los pacientes y la del propio personal médico.

 

“El criterio en mención constituye un ejercicio funcional de colaboración armónica entre los poderes del Estado Mexicano, ya que frente a un acto inconstitucional, se procuró brindar pautas o lineamientos que coadyuven al cumplimiento de políticas públicas eficientes en el ámbito del derecho a la protección de la salud”, aseguró.

 

En otro caso, citó la declaratoria de inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, que prohíben la comercialización, venta, distribución, exhibición, promoción o producción de cualquier objeto que sin ser un producto del tabaco, contenga algún elemento visual o auditivo que lo identifique con éste, en concreto, los cigarrillos electrónicos.

 

El ministro expuso también la resolución que revocó el permiso otorgado a una empresa productora de semillas de soya transgénica para liberarlas al ambiente en áreas geográficas delimitadas, por considerar que las autoridades responsables violaron el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas afectados.

 

Asimismo, recordó el otorgamiento del amparo paras revocar la aplicación del Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para el Distrito Federal, que limitaba la circulación según el año de fabricación de los vehículos.

 

Pérez Dayán insistió en que concentrarán sus esfuerzos en consolidar el sistema de protección de los derechos humanos, “con el afán siempre firme de garantizar un efectivo acceso a la justicia y el pleno respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos”.