La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó 11 multas por más de 3.4 millones de pesos a Alta Servicios Financieros por incumplir con requerimientos de liquidez, entre otras faltas; esta Sociedad Financiera Popular (Sofipo) opera bajo la misma regulación que Ficrea, acusada de defraudar a más de seis mil ahorradores.

 

De las sanciones a la empresa, propiedad de Salvador Abascal y Luis López Panadero, dos se aplicaron porque el total de sus recursos no le alcanzan para respaldar las actividades de riesgo en las que incurre, por un monto superior a 336 mil pesos cada una.

 

Otra más se impuso porque presentó faltantes en el requerimiento de liquidez, es decir en los recursos que debe tener la institución para hacer frente a sucesos imprevistos, y que ascendió a 70 mil 100 pesos.

 

La Sofipo, que perdió 10 mil clientes entre el primero y segundo trimestre de este año, está en quiebra técnica desde el cierre de junio pasado, cuando presentaba un déficit de 4.7 millones de pesos en su balance general. Desde marzo, la empresa reconoció mediante comunicados enviados a sus clientes dificultades para cumplir el pago de intereses.

 

De acuerdo con testimonios de los propios clientes y los comunicados, la sociedad informó que buscaba alternativas para recapitalizarse mediante asociaciones con inversionistas, sin especificar el avance de las negociaciones.

 

El documento detalló que el incumplimiento de estas obligaciones ocurrió debido a que a principios del año la Sofipo inició un proceso de transformación para despejar “amenazas relevantes” a la generación de beneficios de las empresas del Grupo.

 

De acuerdo con información de la CNBV, entre junio de 2014 y el mismo mes de este año los activos totales de la empresa se redujeron en 70 millones de pesos, para ubicarse en 263 millones 226 mil pesos.

 

El anuncio de las multas se suma al castigo que impondrá la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) de por lo menos 800 mil pesos, debido a ocho cláusulas abusivas en el contrato de su Pagaré -instrumento de inversión que establece un plazo fijo para otorgar rendimientos- detectadas por el organismo que preside Mario Di Costanzo.