La Procuraduría General de la República (PGR), a través del Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres, ofreció una disculpa pública al matrimonio ecuatoriano por la muerte de su hija de 12 años de edad en un albergue del DIF, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

 

La niña fue víctima de violación de tres a seis días antes de su muerte, de acuerdo con la información que divulgó la Procuraduría de aquél país, aunque la Fiscalía de Chihuahua rechazó esta versión.

 

La disculpa fue en atención a la Recomendación 22/2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigida a la titular de la PGR, Arely Gómez González y al Gobernador de la entidad, César Horacio Duarte Jaquez.

 

Betanzos Torres dirigió unas palabras a los padres de la occisa en el Consulado General del Ecuador, en New York, y lamentó el daño ocasionado a la niña  y su familia.

 

“Recordó que los migrantes, en virtud de su dignidad humana y su especial situación de vulnerabilidad, deben ser especialmente protegidos por la ley y las autoridades.

 

“Además de recalcar la importancia de evitar hechos de esta naturaleza, el Subprocurador puntualizó que la PGR trabajará en la capacitación obligatoria de su personal sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en contexto de migración, además de elaborar protocolos de actuación con base en los estándares internacionales de protección de derechos humanos”, informó la Procuraduría en un comunicado.

 

De acuerdo con la información que se dio a conocer, el 4 de febrero de 2014 la menor abandonó su casa en la comunidad de Molino Huayco, en Ecuador, para viajar sola y con documentos falsos a Nueva York, donde pretendía reunirse con sus papás.

 

Sin embargo, la niña fue detenida el 7 de marzo en Ciudad Juárez, Chihuahua, cerca de la frontera con Nuevo México, cuando viajaba en un vehículo con un hombre, que  fue identificado como Domingo Fermas Uves, “el pollero” que la pasaría a Estados Unidos de manera ilegal.

 

Cuatro días después fue encontrada muerta en el baño del Albergue La Esperanza, colgada del cuello con la cortina del baño. Los hechos ocurrieron después de que la inmigrante entró en crisis porque un agente del Ministerio Público Federal la fue a ver para interrogarla.

 

Alicia Soria Espino, médico del albergue, declaró a medios locales en aquellos días que la menor no dejaba de llorar, no quería comer, tampoco convivió con los otros menores y le pidió a la encargada que la llevara a su casa porque tenía miedo, síntomas que presentó después de que supuestamente la entrevistó María del Socorro Graciano, encargada de la agencia séptima del MP de la Federación.

 

Las investigaciones de este caso dieron como resultado la aprehensión de 42 personas, 14 de ellas en México, quienes presuntamente integraban una red de tráfico de personas que operaba en Ciudad Juárez y son acusadas de delincuencia organizada, tráfico de indocumentados, tráfico de menores, abuso sexual, privación ilegal de la libertad y violación agravada.

 

La CNDH calificó de inoportuna la atención psicológica que recibió la menor del DIF estatal al revisar su estado emocional lo que vulneró su derecho a la integridad psicológica, además el MP federal tampoco proveyó el apoyo ni la asistencia psicológica a la niña y en cambio la representante social acudió al albergue para exigir la declaración de la menor gritando y hostigándola, pero además regresó en la madrugada cuando la víctima estaba dormida para que firmara su declaración.

 

De acuerdo con los derechos humanos universales la víctima es considerada multi vulnerable por ser menor de edad, por viajar sola, por ser indígena, por ser inmigrante y por ser mujer.