Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero, negó tener alguna responsabilidad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
“De inmediato instruí a los funcionarios responsables de cada una de estas áreas –como era el procurador, secretario general de gobierno, el secretario de seguridad pública, desde luego, también instruí al secretario de salud– a que se abocara a atender a todas aquellas personas que requerían de algún auxilio médico“, afirmó.
En entrevista, previo a un encuentro con que sostiene –a puerta cerrada– con diputados federales que integran la Comisión Especial de Ayotzinapa, el otrora funcionario local afirmó que su relación con el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, fue sólo institucional.
“Dejo muy en claro que mi relación con el señor Abarca y su esposa se dio en el marco institucional cuando yo acudí algunas ocasiones a las ciudad de Iguala, a inaugurar obras o a supervisar algún programa”, dijo.
Además, explicó que los integrantes de la Procuraduría de Guerrero de inmediato procedieron a llevar el desarme de toda la policía municipal de Iguala, acción “que permitió que se llevarán a cabo las primeras consignaciones”.
Por otra parte, consideró que la situación de violencia en Guerrero debe atenderse de manera integral, fuera de enviar más policías a la entidad.
“La violencia no se puede contrastar con armas (…) se necesita de programas que le den la oportunidad de implo a muchos de nuestros jóvenes”, dijo el ex mandatario estatal.
A petición de Aguirre Rivero, dicha reunión se lleva a cabo sin uso de teléfono celular, grabadoras o versión estenográfica, al interior de un hotel ubicado en la zona sur de la ciudad de México.
La semana pasada, los integrantes de la comisión especial que le da seguimiento al reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aprobaron citar al otrora mandatario de Guerrero a fin de que explique la participación de su administración en este caso.
Según la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR), los normalistas fueron desaparecidos por policías municipales de Iguala, y cremados en el basurero municipal del municipio de Cocula.