El Poder Judicial de la Federación, a través del juez octavo de distrito del estado de Oaxaca, dio un revés a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al negarles el amparo a ocho trabajadores que pretendían evitar su cambio de adscripción y declarar la inconstitucionalidad del decreto para transformar el IEEPO.
El pasado 11 de agosto ocho integrantes de la CNTE que laboraban en el IEEPO promovieron el juicio de amparo 1093/2015 “contra actos del gobernador constitucional del estado de Oaxaca y de otras autoridades”.
Los administrativos alegaban la inconstitucionalidad de removerlos de su centro de trabajo para regresarlos a las escuelas a las que estaban adscritos originalmente o cambiarlos a otras donde su labor sí fuera requerida.
El cambio de adscripción es una de las determinaciones más importantes en la transformación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO); consiste en enviar al Personal Administrativo y de Apoyo a la Educación (PAEE) que no sean requeridos en los edificios centrales del instituto a las escuelas que los hayan solicitado.
Los trabajadores también alegaron la inconstitucionalidad de los artículos transitorios tercero, séptimo y noveno del decreto del 20 de julio del gobierno estatal para transformar el IEEPO (y quitarle a la sección 22 el control del mismo). El artículo tercero transitorio señala que el IEEPO ya no operará la educación media superior y superior.
El transitorio séptimo deroga el reglamento interno del instituto; y el transitorio noveno deja sin efecto todos los actos, contratos, convenios, minutas y acuerdos establecidos entre el gobierno estatal y la sección 22.
Entre estos acuerdos está la minuta del 28 de octubre de 1992, en la cual el gobierno del estado se comprometía a consultar y dar participación a la CNTE en la formulación de cualquier ley o norma relacionada con la educación; y aceptaba nombrar como funcionarios del IEEPO a los candidatos propuestos por la Coordinadora.
También entregarle dinero para que la Coordinadora lo administrara, darle un banco de plazas como su “patrimonio” y crear una agencia del ministerio público para el magisterio.
En su resolución al juicio de amparo 1093/2015, dada a conocer el jueves, la jueza Luz Idalia Osorio Rojas determinó que el decreto no constituye una violación al derecho pues contribuye “a mejorar la calidad de la educación, contra lo cual es improcedente la concesión de la medida cautelar solicitada” y señala que este “no afecta el interés social ni contravienen disposiciones del orden público.”
“Se niega a los quejosos la suspensión provisional que solicitan, toda vez que de concederse se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, pues la sociedad se halla interesada en que se garantice la calidad en la educación”.
Otros amparos
La justicia federal ya les había negado varios recursos de amparo a integrantes de la CNTE; el más reciente fue el 23 de julio cuando rechazó la solicitud de amparo en contra de cualquier orden de localización, presentación y detención del secretario general de la Sección 22 Rubén Núñez Ginez.
El 7 de junio, los jueces sexto y séptimo de Distrito declararon improcedentes los juicios de amparo que presentaron miles de docentes de la CNTE y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en contra de la reforma educativa. El argumento fue que el Poder Judicial no podía revisar reformas constitucionales; las sentencias fueron la base para resolver más de 30 mil recursos similares.
El 22 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó 14 de los 26 amparos que habían interpuesto maestros de la Coordinadora contra la Ley General del Servicio Profesional Docente; los maestros argumentaban que la ley contraviene la estabilidad laboral pues para conservar sus empleos, tienen que aprobar un examen de permanencia en el servicio.
La Corte rechazó los restantes 12 amparos en su sesión del 3 de julio, aunque su determinación no pudo aplicarse en ese momento porque la CNTE solicitó la atracción de más procedimientos iniciados en otras entidades del país, pues contienen cuestiones que no fueron discutidas por los ministros.