El Instituto Nacional Electoral (INE) exigió al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, garantizar las condiciones de seguridad  durante la etapa postelectoral en la entidad.

 

En la víspera, cinco capacitadores del INE fueron retenidos y después de unas horas liberados por pobladores de Ocosingo debido al descontento con los resultados electorales del pasado 19 de julio.

 

Ante las amenazas y agresiones que sufrieron, la Junta Local del INE exigió al gobernador chiapaneco y “a todas las autoridades estatales y federales un esfuerzo más claro y contundente para solucionar esta situación” de violencia que ha imperado en los comicios.

 

De acuerdo con la narración del órgano electoral, “una vez finalizada la jornada electoral, los Capacitadores Asistentes Electorales continuaron apoyando a las y los presidentes de las casillas en el cumplimiento de sus responsabilidades, como es la entrega de los paquetes con los expedientes de las elecciones a los Consejos Municipales y Distritales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas”.

 

Según su relato, en la madrugada del lunes “en un acceso a la ciudad de Ocosingo, en un retén ilegal montado por supuestos simpatizantes partidistas, fueron retenidos Isabel Sánchez Hernández, Martín Herrera Reyes, Juan Carlos López Santis, Víctor Mario Sánchez Gómez y Juan Antonio Bulnes Muñoz; así como 2 ciudadanos más que conducían los vehículos contratados por el IEPC para esta tarea”.

 

El INE denunció que “durante casi 18 horas (sus trabajadores) permanecieron retenidos en ese mismo lugar contra su voluntad y siendo objeto de intimidación, amenazas y agresiones verbales, sin que las autoridades encargadas de la seguridad en este estado, pudieran hacer valer el estado de derecho”.

 

El INE informó que a pesar de la falta de garantías de seguridad, funcionarios de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales fueron los únicos que los auxiliaron y colaboraron con la negociación para liberar a los capacitadores electorales.

 

Tras su liberación, los capacitadores fueron trasladados a un Juzgado de juicios orales “donde lejos de recuperarse su dignidad de funcionarios electorales, los mantuvieron en los separos de dicho lugar” y más tarde fueron liberados.

 

“Más allá de cualquier señalamiento que pudieran hacer los partidos políticos, las y los candidatos y la propia ciudadanía, no se puede desconocer que en un verdadero estado de derecho, hay vías legales e instituciones encargadas de aplicar la ley, por lo que es inaceptable que no se sigan los cauces establecidos en la ley para atender las denuncias o inconformidades, más cuando se violan los derechos humanos de terceros, comenzando por la libertad”, explicó la Junta del INE.