La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) del estado de Sonora abandonó a Gisela Peraza Villa, la joven a quien el gobernador Guillermo Padrés presuntamente mandó encarcelar y torturar, acusándola de haberle robado dinero y joyas.
Antes de ser internada en el penal de Hermosillo, el 18 de marzo de 2011, Gisela inició la queja CEDH/1/22/0529/2011 ante la defensoría local para denunciar a policías investigadores por detención arbitraria, abuso de autoridad y tortura.
Gisela presentó como prueba fotografías de sus pies llenos de moretones e hinchados, porque como parte del maltrato, los policías le golpearon los pies con tablas mojadas. Sin embargo, la defensoría local no investigó, como señala la recomendación 54/2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Este diario solicitó una entrevista a la CEDH-Sonora con los visitadores que en ese momento tomaron conocimiento del caso, pero al cierre de la edición el personal de comunicación social del organismo no pudo responder la solicitud.
En una entrevista de 2013 para Punto de Partida, el primer visitador general de la CEDH-Sonora, Aldo Saracco, mencionó que la familia exhibió como prueba unas fotografías en las que “sólo se aparecen unos pies donde no sale el rostro, nosotros no podemos determinar si esas lesiones son o no son de ella”.
La CNDH atrajo el caso y el 31 de octubre emitió la recomendación No. 54/2013 en la que confirma que Gisela Peraza Villa sufrió tortura, detención y retención arbitraria, por parte de elementos de ese gobierno y de la Policía Estatal Investigadora; además, señala que el personal penitenciario del estado obstaculizó la investigación.
“El gobierno de Sonora debe proceder a la reparación del daño ocasionado a las víctimas y se les brinde la atención médica y psicológica necesaria, con el fin de que se restablezcan su salud física y emocional”, señala la resolución.