El Instituto Nacional Electoral (INE) nombró a Gerardo Sierra como interventor del Partido del Trabajo y a Dionisio Ramos Zepeda como interventor del Partido Humanista durante la fase preventiva de pérdida de registro de ambas fuerzas políticas.
Los interventores tomarán el control financiero y de los bienes de ambos partidos como una forma preventiva.
En caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirme la pérdida del registro de ambos partidos por no obtener el 3% de la votación, los interventores nombrados se harán cargo del proceso de liquidación.
Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización, tanto el Partido Humanista como el Partido del Trabajo manifestaron su desacuerdo porque el INE haya iniciado su proceso preventivo de pérdida de registro cuando ese asunto todavía no se considera “cosa juzgada” por el tribunal electoral.
Es proceso de prevención, no de liquidación, aclara
La Comisión de Fiscalización inició con esto el proceso de prevención, más no de liquidación, a fin de que los recursos con que cuenta el instituto político sean administrados por un interventor.
Entrevistado en sus oficinas, el consejero Benito Nacif recordó que la Ley General de Partidos Políticos establece en su Artículo 97 que la pérdida de registro de un partido político ocurre hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluya los cómputos distritales.
Nacif, quien encabeza la Comisión de Fiscalización, explicó que el proceso de prevención transcurre desde que concluyen los cómputos distritales hasta, en su caso, la cancelación del registro del o los partidos que de acuerdo con la ley electoral no superaron el umbral de tres por ciento de la votación nacional.
Entonces “estamos iniciando un periodo de prevención en el que los recursos deberán estar administrados por un interventor, por lo que los partidos durante este periodo, previo al inicio de la liquidación, tienen prohibido la enajenación de bienes inmuebles”.
Sobre la preocupación del PT en el sentido de que la decisión que se adopte pudiera afectar el desarrollo de la contienda electoral de Chiapas del 9 julio, dejó claro que durante el periodo de prevención sí se podrán destinar recursos a las campañas políticas.
Hizo hincapié en que el interventor tendrá el mandato específico “de no impedir la realización de las elecciones constitucionales a los partidos políticos”, pero sí de vigilar sus gastos.