Ante una realidad de desigualdad que todos sabemos que existe en México, el esfuerzo del Estado es mayúsculo, pues alcanzar la justicia social es romper inercias asistencialistas. En esto se sustenta la política social de nueva generación del gobierno de la República.
Este nuevo enfoque considera que la desigualdad y la pobreza sí tienen solución, mediante el impulso y fomento de desarrollo de capacidades productivas, las cuales deben de responder de manera focalizada a cada región del país. Es una política social que entiende que la mejor manera de combatir la pobreza es generando crecimiento, empleo, autoempleo, así como una mejor distribución del ingreso.
Además responde a las necesidades de las personas, pero también de las familias, al respaldar las vocaciones productivas de las distintas regiones del país para que la gente cuente con herramientas, capacitación y todo lo necesario para que por sí mismos puedan echar a andar sus proyectos y de esa manera tengan mejores ingresos.
El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se ha propuesto generar condiciones de bienestar para todas las familias mexicanas pero no de forma aislada, sino con la participación de los gobiernos estatales y municipales y de toda la sociedad, a fin de romper inercias que no permitían que el país creciera de manera más acelerada.
Es importante destacar que el gobierno de la República transita de una política social asistencialista a una que ofrece alternativas generadoras de ingreso, pues está convencido de que los derechos sociales deben materializarse, ser tangibles, efectivos y dar la certeza a todos los mexicanos de todas las edades, regiones y grupos sociales de que el bienestar es una realidad.
Por ello, la política social está sustentada en la no discriminación, en el acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a un medio ambiente sano, al derecho de tener un trabajo y a seguridad social, derechos que deben de ser garantizados a todos los mexicanos.
Hacer efectivos estos derechos es también combatir las brechas de desigualdad en nuestro país, las cuales se manifiestan de manera evidente a lo largo de las regiones, estados y municipios, pero también entre grupos sociales.
Sólo como ejemplo, podemos referir que las condiciones de vida y el entorno comunitario de una madre jefa de familia que trabaja en la zona metropolitana de la Ciudad de México son completamente distintos a las de una que trabaja en la cosecha de jitomate en Sinaloa. Las dos mujeres son mexicanas, pero con distintas posibilidades al no tener el mismo acceso a la alimentación, a la educación, a la salud y a un ingreso equitativo. Esto limita -de manera inadmisible-, el desarrollo de las capacidades y el ejercicio de los derechos de una de ellas. Aun cuando la Constitución las protege a ambas y les da la misma calidad jurídica, la realidad social propicia una brecha de desigualdad pero, sobre todo, violenta sus derechos y garantías sociales elementales.
Lo mismo sucede con los adultos mayores que habitan en 4.5 millones de hogares y que no cuentan con ningún tipo de pensión, ni de jubilación, condición que les limita el ejercicio de sus derechos básicos. Como lo hemos señalado, otro grupo vulnerable en México son las siete millones de mujeres jefas de familia de quienes dependen sus hijos.
Frente a la condición de estos grupos vulnerables, el Ejecutivo federal instruyó generar un nuevo esquema de seguridad social que brinde un piso de protección y que les garantice el derecho a la alimentación, salud y educación.
Estos esquemas de seguridad son conocidos como de nueva generación, pues buscan garantizar los derechos sociales de manera más efectiva. Esas son las cuentas que nos exige la sociedad y que queremos entregar a México.