El Congreso de la Unión mantiene inconclusas 14 reformas (seis constitucionales y ocho a leyes vigentes), proyectos que pese a ser aprobadas por las Cámaras de senadores y diputados, carecen de los ordenamientos complementarios que las hacen plenamente efectivas.
Entre las legislaciones pendientes en el Congreso se enlistan las leyes secundarias a reformas constitucionales en materia de derechos humanos, derecho de réplica, transparencia y competitividad, así como leyes que complementan modificaciones a ordenamientos sobre contabilidad gubernamental, uso legítimo de la fuerza, atención a víctimas y desarrollo integral infantil.
En todos los casos, el Congreso incumplió los plazos establecidos para expedir los ordenamientos complementarios. Incluso, algunos de los proyectos se iniciaron desde la anterior legislatura (LXI) sin que a la fecha queden resueltos.
Tal es el caso de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en junio de 2011 y que hoy en día carece de legislación secundaria. Fue en junio de 2012 que venció el plazo para que el Congreso expidiera -entre otras- leyes relativas a la procedencia de asilo y refugio; suspensión de derechos y garantías, y una última relativa a la expulsión del territorio nacional de extranjeros considerados perniciosos.
Del mismo modo, se encuentran en suspenso desde 2007 la creación de nuevas leyes en materia de derecho de réplica, que complementan la reforma constitucional en la materia. Los únicos avances reportados sobre este asunto se registraron en 2012 y en 2013, con la presentación en el Senado de iniciativas sobre el tema.
En lo que respecta a reformas de más reciente aprobación, destacan las modificaciones constitucionales en materia de transparencia logradas en febrero de 2014, que requiere de reglamentación sobre la protección de datos personales en posesión de particulares; organización y administración de archivos del orden federal, estatal y municipal, así como la relativa a la propagada gubernamental. El plazo para su aprobación concluyó en febrero pasado.
En trámite también se encuentra la creación de la ley reglamentaria de la reforma a los artículos 25 y 26 constitucionales en materia de competitividad, cuyo plazo venció en octubre de 2014. Sobre este particular fueron presentadas dos iniciativas, una en cada cámara del Congreso, para la creación de una fiscalía especializada en delitos contra la competencia económica y la segunda sobre el crecimiento sostenido de la productividad. Ambas están pendientes en comisiones.
Leyes Generales, también pendientes
Al igual que las diversas reformas constitucionales, existen Leyes Generales que fueron aprobadas sin que estás tengan amplios alcances, pues requieren de la creación de nuevas leyes o de la modificación de ordenamientos ya vigentes.
Tal es el caso de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, cuidado y desarrollo integral infantil, que derivó del incendió en la guardería ABC en Sonora de 2009, donde perdieron la vida 49 menores. Está ley logró se aprobó en el Congreso dos años después de los lamentables hechos, pero aún están pendientes modificaciones en materia de protección civil en el orden federal y estatal.
La Ley General de Víctimas es otro de los productos legislativos que también están faltos de ordenamientos para su efectiva aplicación. Este ordenamiento aprobado en enero de 2013 aún requiere de una regulación relativa al reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver acciones judiciales de declaración de ausencia. Adicionalmente el Legislativo debió haber aprobado (a más tardar en mayo del 2014) modificaciones al Código Penal Federal y Código Federal de Procedimientos Penales, entre otros.
Mención aparte merece la Ley de la Fiscalía General de la República, que transforma a la Procuraduría General de la República (PGR) en un nuevo órgano constitucional autónomo con patrimonio propio y personalidad jurídica. Este proyecto, ya avalado por la Cámara de Diputados, se mantiene pendiente en el Senado, en calidad de minuta, desde diciembre de 2014.