Con 110 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ordenamiento complementario de la reforma constitucional en la materia, que establece las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y adiciona a nuevos sujetos obligados a entregar información y rendir cuentas.
Por una amplia mayoría, el Senado determinó que cualquier autoridad, organismo público, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos y los tres Poderes de la Unión, estarán obligados a transparentar el uso de recursos públicos que les sean destinados y a rendir cuentas sobre su aplicación.
Sin embargo, particularmente en lo que se refiere al Poder Legislativo, se acordó de último momento añadir un artículo Décimo Tercero Transitorio, en el que se le permitirá al Congreso de la Unión cumplir con esta enmienda hasta el mes de agosto de 2015, mes en el cual se deberá transparentar los recursos destinados a los grupos parlamentarios; la información relativa a ingresos, prestaciones, apoyos en dinero y en especie que reciben los legisladores; su régimen laboral; así como las reglas relativas al uso y administración de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales.
Posicionamientos
Al discutir el proyecto, el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales (PVEM), habló sobre las bondades de la nueva legislación y destacó cómo uno de los mayores avances, la ampliación del catálogo de sujetos obligados a transparentar los recursos que les son asignados. Ello consideró, es un paso fundamental para que las instituciones recuperen su credibilidad.
“Estamos convencidos que un factor determinante para que la ciudadanía pueda recobrar la confianza en las instituciones, es sin duda la transparencia. La rendición de cuentas y la transparencia son elementos fundamentales para el combate a la corrupción”, asentó.
En ello coincidió el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez. El legislador independiente, subrayó que a través de esta ley se hará pública la información relativa al manejo de recursos, instrumentación de las políticas y programas públicos, detalles sobre contratos y convenios celebrados por las dependencias públicas, tabulador de salarios y prestaciones, así como los mecanismos de licitación o adjudicación directa en todos los temas de adquisiciones u obras públicas.
En el ámbito sindical –destacó- se hará pública la información relativa a los recursos públicos que administren o reciban los sindicatos, además de aquella información vinculada con el padrón de afiliados, los contratos colectivos de trabajo y mecanismos de contratación.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar (PRI), afirmó que se logró concretar “una ley de avanzada”, que cambiará la forma de hacer política. “La administración pública va a dejar de ser una caja de sorpresas. A partir de hoy, esa caja se va a abrir a todos los mexicanos. Se garantiza a los ciudadanos el acceso pleno a un ejercicio fundamental como es la transparencia que consolida la democracia y a una sociedad informada que tomará mejores decisiones”, manifestó.
A más de un mes de haberse vencido el plazo constitucional para que el Congreso aprobara la legislación secundaria de la reforma en materia de transparencia, finalmente el Senado aprobó en lo general este proyecto. Hasta el cierre de esta edición los senadores continuaron la discusión de los artículos reservados.
Aceleran pendientes de seguridad y anticorrupción
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García (PRI), dio cuenta de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicitó dar prioridad a cuatro proyectos legislativos, que tiene que ver con la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad, Sistema Nacional Anticorrupción, desapariciones forzadas y salario mínimo.
En una reunión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales para analizar los temas pendientes en este grupo de legisladores, su líder, Burgos García citó a un nuevo encuentro para el próximo jueves 26 de marzo, a fin de avanzar en estos cuatro temas.
“Tenemos cuatro iniciativas que la Junta de coordinación Polítca nos ha marcado como prioritarias, estamos solicitando de ustedes el que nos podamos reunir en comisiones dictaminadoras la próxima semana, para los temas de anticorrupción, seguridad y justicia, desapariciones forzadas y salarios mínimos”, informó.