La directora Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, publicó una carta dirigida al procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, donde expresan sus preocupaciones sobre las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa.
En el documento, difundido en la página de internet de Amnistía Internacional México, Guevara Rosas lamentó que durante su visita a México, del 19 al 22 de enero, no pudiera reunirse con Murillo Karam, por lo que decidió expresar sus inquietudes en forma de carta pública.
El primer punto se refiere a la investigación, la cual se basa en declaraciones de los imputados quienes dijeron que asesinaron e incineraron a los 43 jóvenes para tirar las cenizas en un río, pero no aportan una prueba científica, ni de investigadores independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“Ha sido de nuestro conocimiento que algunos de los imputados han alegado haber sido torturado durante la detención. Como sabe, Amnistía Internacional ha manifestado que la tortura en México en una de las problemáticas de derechos humanos que más preocupa a nuestro movimiento internacional y, por lo tanto, le hacemos un llamado para que se investiguen todas las alegaciones hechas por los detenidos y se determine si han sido víctimas de tortura”, dice la carta.
Otro punto de la investigación que critica Guevara es la falta de líneas de investigación por posible responsabilidad de agentes de las fuerzas armadas en el caso, ya sea por acción u omisión, tal y como lo denuncian sobrevivientes del ataque del 26 de septiembre.
Lamentan deslegitimación del movimiento
En la carta, Amnistía Internacional lamentó los hechos del 12 de enero a las afueras del cuartel militar del Batallón 27 en Iguala, donde padres de familia de los desaparecidos se enfrentaron con soldados.
“Estas acciones llevadas a cabo por los familiares, son producto de su frustración ante la falta de una investigación exhaustiva que incluya atención a las denuncias de involucramiento de fuerzas militares en los actos del 26 y 27 de septiembre”.
También solicitaron que cesen las declaraciones de instituciones gubernamentales en contra de los familiares y asociaciones civiles que los acompañan, esto para que de forma conjunta se genere una estrategia integral y plan de búsqueda que tenga como sustento la investigación y que esté apoyado por el uso de la tecnología y otros medios útiles para ello para la localización de los 43 normalistas.