El vicecoordinador del PAN, Marcelo Torres Cofiño, y los diputados Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) y Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena), instalaron este martes un grupo de trabajo para investigar contratos del gobierno federal con empresas del grupo Higa.

 

En rueda de prensa conjunta, los legisladores aseguraron que su compañero Ricardo Mejía Berdeja (MC) se sumará a este grupo de trabajo, que realiza indagaciones sobre el tema de inmediato.

 

Expresaron que aún está pendiente la solicitud que presentaron, en diciembre pasado, 197 diputados de PAN, PRD, PT y MC a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para crear una comisión de investigación sobre los contratos suscritos por organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria con este grupo.

 

Los legisladores federales se pronunciaron porque la Jucopo apruebe la creación de esa comisión, aunque consideraron que deberá ser el Pleno quien decida finalmente al respecto.

 

Huerta Ladrón de Guevara indicó que el grupo de trabajo abonará a las investigaciones sobre el tema para que, una vez que se decida sobre la creación de la comisión de investigación, ésta tenga elementos para trabajar y entregar un informe antes de abril próximo.

 

Señaló que la dirección de asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados “determinó (en días pasados) que la Jucopo será la que autorice o no la creación de dicha comisión”.

 

Torres Cofiño manifestó que la creación de este grupo de trabajo es una respuesta ante el “clamor social de obtener la verdad histórica y jurídica de los hechos que han salido a la luz pública respecto de operaciones celebradas entre la empresa Higa con el gobierno del Estado de México y el gobierno federal”.

 

Finalmente, el diputado Belaunzarán Méndez consideró que esclarecer el tema sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte del gobierno federal “es una razón de Estado”.

 

“Para poder establecer una política correcta anticorrupción, es correcto que esta cuestión se aclare”, concluyó.

 

“Para poder establecer una política correcta anticorrupción, es correcto que esta cuestión se aclare”, concluyó. GH