Los gobiernos de México y Estados Unidos llegaron a 2015 con una agenda de seguridad cargada de frentes abiertos, que van desde las políticas para frenar la migración de menores ilegales, hasta la parálisis en solicitudes de extradición. Lo anterior, sin hacer de lado el tema de la inseguridad en nuestro país.
Tan sólo en el segundo año del gobierno de Enrique Peña Nieto, funcionarios mexicanos y estadunidenses sostuvieron casi 30 encuentros bilaterales en donde el tema a tratar fueron aspectos de seguridad y justicia.
De acuerdo con autoridades del gabinete de seguridad nacional, tanto en México como en EU hay interés de que en este año se logren acuerdos que destraben varios de estos asuntos.
Extradiciones pendientes
La administración de Peña Nieto decidió revisar la política de extradiciones con los Estados Unidos al arrancar el sexenio, situación que generó inquietud del otro lado de la frontera.
En julio de 2014, tras una reunión con sus contrapares estadunidenses en Washington, la subprocuradora jurídica Mariana Benítez reconoció que “hacía falta mayor entendimiento” en el tema de las extradiciones, aunque negó que se estuvieran obstaculizando estos recursos.
Sin embargo, México lleva esperando desde hace varios meses que EU extradite a dos personajes en particular refugiados en su territorio. Uno es el ex presidente de Grupo Posadas, Gastón Azcárraga, responsable de lavado de dinero millonario fraude a Mexicana, y el otro es Martín Díaz Álvarez, socio de la empresa Oceanografía.
Heroína y Plan Mérida
México se convirtió desde hace tres años, como revelan informes de Naciones Unidos, en el principal abastecedor de heroína de Estados Unidos, situación que preocupa a los gobiernos de ambos países.
A principios de diciembre se realizó un seminario en el que participaron autoridades de ambos países, con el objetivo de analizar la capacidad de las bandas criminales que operan el trasiego de heroína, así como sus conexiones y mercados. Lo anterior como fase previa al diseño de un nuevo plan de combate que revienta el crecimiento de esta rama del narcotráfico.
Otro tema a definir es el futuro en el corto y mediano plazo de la Iniciativa Mérida, acuerdo firmado en 2008 y que inicialmente sirvió para que EU proporcionara millones de dólares a México en equipos y armas destinadas al combate al narcotráfico.
La administración de Peña Nieto tiene interés particular en que estos recursos continúen pero sean redireccionados al tema de modernización del sistema penal en el país, pero sobretodo en planes de prevención del delito.
Las dudas sobre la aplicación de estos recursos en México provocaron que en 2013 el congreso de EU retuviera temporalmente 95 MDD de la iniciativa.
Alerta por inseguridad
La administración de Barack Obama endureció a finales del año pasado la alerta de viaje a sus ciudadanos que se trasladen a México. Fue la cuarta alerta del año e incluyó a 20 estados del país: Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas.
Varios gobernadores en México expresaron su inconformidad con estas alertas y las tacharon de injustificadas. En el gabinete de seguridad nacional señalaron que es un punto a revisar en la relación bilateral.
Pero la preocupación de EU sobre la inseguridad en México también se ha visto reflejada en declaraciones de funcionarios entre ellas la del mismo presidente Obama, que a penas en diciembre pasado dijo que casos como Ayotzinapa no caben “en una sociedad civilizada”, y que EU estaba dispuesto a ayudar a México.