La Ley de la Fiscalía General de la República, que sustituye a la actual Procuraduría General de la República (PGR), apuntala un cambio cualitativo en la seguridad pública para garantizar la tranquilidad de la población, erradicar la impunidad, y combatir el crimen organizado y la corrupción, afirmó el diputado federal Manlio Fabio Beltrones (PRI).
“Es un paso indispensable para avanzar en la modernización del sistema jurídico penal y de sus instituciones ante la exigencia de una mejor justicia en el país”, aseguró el también coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados.
“Este es uno de los temas fundamentales de la agenda de acuerdos legislativos que responde a la iniciativa de ley que envió a la Cámara de Diputados el presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 23 de septiembre y complementa su decálogo de medidas para consolidar el Estado de derecho”, señaló.
El líder parlamentario recordó que la nueva Ley obedece a un mandato de la reforma constitucional que se aprobó el año pasado y se inscribe en modernizar el régimen político y la creación de nuevos equilibrios constitucionales.
Explicó que este ordenamiento tiene el propósito de contar con un órgano de procuración y administración de justicia moderna, con autonomía constitucional, situado a buena distancia de la influencia política y de cualquier tipo de subordinación, afirmó Beltrones.
Aseguró que la reforma revalora el Ministerio Público como un órgano técnico de persecución del delito, representante de la sociedad y garante de la constitucionalidad para que la acción penal se ejerza con eficacia y prontitud, apoye y asista a las víctimas de los delitos y asegure el acceso a la justicia con respeto irrestricto de los derechos humanos, explicó.
Al aprobarse este esta reforma constitucional, se perfila que su actual titular, Jesús Murillo Karam, se incorpore como fiscal desde la fecha en que se promulgue este ordenamiento y hasta el próximo año 2023.
GH
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