Debido al rechazo de las bancadas del PRI en el Senado y del propio Gobierno federal, legisladores de oposición no lograron hacer avanzar la iniciativa de Ley de Amnistía para liberar a más de 380 autodefensas de Michoacán, presos desde junio pasado, entre ellos José Manuel Mireles Valverde.
Contrario a lo que se tenía previsto, ayer en una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia, no se alcanzaron los consensos necesarios para dictaminar y llevar al Pleno la legislación que permitiría a policías comunitarias abandonar la prisión, debido a que el tricolor afirmó que la aprobación de este proyecto es un acto de irresponsabilidad, mientras el Gobierno federal acusó que con la aprobación de esta iniciativa se invaden facultades propias del Poder Judicial.
Durante el encuentro de la citada comisión, la senadora del PRI y secretaria de la Comisión de Justicia, Arely Gómez González, dio lectura a un oficio redactado por el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, a través del cual acusa a los legisladores promoventes de esta iniciativa de invadir la esfera de actuación del Ministerio Público Federal, hecho que provocó una confrontación entre legisladores del Revolucionario Institucional y sus homólogos del PAN, PRD y PT, originando la declaración de un receso, tras el cual no se volvió a reanudar la sesión.
“Resulta muy discutible que el Legislativo dicte resoluciones de carácter jurisdiccional en casos específicos, cuando su labor esencial se constriñe a revisar la legislación sustantiva y adjetiva en todas las materias para propiciar que este tipo de casos cuestionados sean prevenidos y en su caso, corregidos”, manifestó a través del texto, el comisionado nacional de seguridad.
En respuesta, el senador Javier Corral Jurado, aludió a la ignorancia de Monte Alejandro, afirmando que este a pesar de ser el Comisionado Federal para la Seguridad Pública, desconoce la Constitución. Ante las acusaciones desde el Gobierno Federal, el senador panista citó el artículo 73 constitucional y recordó que entre las atribuciones del Congreso se encuentra la de conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la federación.
“El Comisionado libró todos los exámenes de confianza, pero no creo que haya librado el examen de la Constitución. Dice el Comisionado: “discutible que el Legislativo dicte medidas de carácter judicial”. El comisionado debe ser convocado, efectivamente, a comparecer al Senado de la República, por su conocimiento de la Constitución”, declaró el senador Corral.
Se enfrentan por contenido del proyecto
Durante la discusión sobre el contenido de la Ley de Amnistía, la senadora Arely Gómez González, sostuvo que sería una gran irresponsabilidad y arbitrariedad del Senado, eximir de responsabilidad a gente de la que no se conoce exactamente por qué delito se encuentra procesado. “Sería una acción pervertida del Estado, en contra de los ciudadanos, olvidar crímenes cometidos en contra de una comunidad en aras de un discurso de autoprotección, sin distención clara de una autodefensa legítima o no”.
Por su parte el senador del Partido Verde, expresó “De aprobar una ley en este sentido, estamos abriendo una compuerta a cientos de integrantes de grupos criminales (…) Estaríamos validando impunidad y la inseguridad”.
Corral Jurado, reviró que se establecieron requisitos específicos para extinguir la acción penal y sanciones impuestas solo a policías comunitarios, estableciendo que serán beneficiados aquellos a quienes se les imputen delitos del orden federal cometidos entre el 24 de febrero del 2013, al primero de septiembre del 2014. A quienes fueron detenidos entre el siete de marzo de 2013 y el primero de septiembre; a quienes pertenecieron a grupos denominadas autodefensas ante la necesidad de salvaguardar su integridad y la de sus familias. “Es una estrategia embustera decir que esta iniciativa busca beneficiar a delincuentes”, puntualizó.
Antecedentes
En México hay dos antecedentes de Ley de Amnistía: la primera se generó en 1978, para dejar atrás la persecución a los diferentes grupos armados que participaron en lo que se llamó “la guerra sucia”. El segundo antecedentes data de 1994, la cual tuvo como objetivo mitigar los ánimos y lograr establecer las bases para un diálogo y la pacificación de Chiapas, tras el lanzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
El artículo 73 de la Constitución establece en su fracción XXII que el Congreso de la Unión está facultado para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación.
PRD advierte riesgo de liberar criminales
Por Misael Zavala
El presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, advirtió que la Ley de Amnistía que se planea aplicar a 383 autodefensas de Michoacán podría dejar en libertad a presuntos delincuentes que se hicieron pasar por integrantes de grupos de autodefensa.
En entrevista, el líder perredista sostuvo que la Ley de Amnistía propuesta al Senado debe analizarse con mucho detenimiento y afinarse para evitar dejar en libertad a personas que verdaderamente incurrieron en hechos delictivos, entre ellos crimen organizado.
“Una Ley de Amnistía general que diga que todos los que se autodenominaron autodefensas pueden ser beneficiados con la ley, puede determinar teniendo como consecuencia algo que los senadores no pretende, que la ley pudiera servir de instrumento para ser liberados, no solo los autodefensas, sino también presuntos delincuentes detenidos”, declaró.
Es justa y está acotada a las autodefensas
Por Jonathan Nácar
Talía Vázquez Alatorre, activista y defensora de autodefensas michoacanos, aclaró que la Ley de Amnistía es justa y está acotada a aquellos que realmente fueron detenidos por el hecho de pertenecer a ese movimiento y el delito de portación de arma.
En entrevista, la ex abogada de José Manuel Mireles refirió que la discusión que actualmente está en el Senado respecto al tema debe ser clara y que los opositores no desinformen a la ciudadanía sobre quiénes son las autodefensas y cómo es que fueron detenidos.
“No estamos hablando de que 383 autodefensas fueron presos uno por uno sino que los aprehendieron en operativos masivos y arbitrarios. El 9 de mayo a 110 de ellos, y luego el día que detiene al doctor Mireles detienen a 81 más”, acusó.