El nuevo modelo de coordinación policial y combate al crimen organizado propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto apuesta a fórmulas de seguridad probadas en décadas pasadas en Alemania e Italia, y sostiene que es la vía para revertir a una criminalidad que, reconoce, tiene el control de distintas regiones del país.
El texto de la iniciativa enviada al Senado para reformar artículos constitucionales hace referencia a las experiencias europeas en las cuales sustenta los argumentos.
Para la intención de eliminar por completo los mil 800 cuerpos de seguridad pública municipal por 32 policías estatales únicas, Peña le dice a los legisladores que en el siglo XX esta fórmula le permitió a Alemania tomar el control de su aparato de seguridad.
“Alemania, en su calidad de estado federado, determinó concentrar sus funciones básicas de seguridad pública en las policías de los estados y fusionar a las policías municipales con las policías estatales, en respuesta al aumento del crimen organizado y el terrorismo durante la década de 1970 (…) ese país cuenta el día de hoy con municipalidades que tienen agencias limitadas a aplicar solo los bandos de buen gobierno”, indica la iniciativa enviada al Senado.
En ese contexto, la propuesta presidencial apunta a reformar los artículos 21 y 116 de la Constitución para quitar totalmente a los municipios las atribuciones de seguridad pública, incluyendo las tareas de tránsito y vialidad. Eso no exime a los municipios de contribuir al estado con sus impuestos, ya que seguirán recibiendo el servicio de seguridad.
Castigo a la italiana
Por otro lado, se plantean reformas a los artículos 105 y 115 para dar a la federación la capacidad de tomar el control de un municipio que esté infiltrado por el crimen organizado y destituir al alcalde. Según el Ejecutivo, es una fórmula que le ha funcionado a Italia para debilitar la influencia de las grandes mafias.
“Italia ha utilizado frecuentemente esta figura en zonas de su territorio (…) en zonas donde la delincuencia organizada tiene influencia en cuestiones electorales y de gobierno. Cabe destacar que en el periodo de 1991 a 2011 se verificaron 217 disoluciones de autoridades municipales o regionales por lazos con la delincuencia organizada”, apunta la iniciativa.
La propuesta de Peña subraya que bastará que la Fiscalía General de la República (hoy PGR) cuente con “indicios” de que un municipio está bajo control del crimen para solicitar al Senado “la intervención total” del mismo por el gobierno federal, en lo que se convoca a elecciones. Además, esto no podrá ser frenado con una controversia constitucional.
“Se establece que en estos casos no procederá la controversia constitucional a efecto de no judicializar las razones que llevan a la intervención de los ayuntamientos”, indica la iniciativa.
Reconoce cifras e influencia criminal
La propuesta reconoce por primera vez que las cifras oficiales no muestran en este sexenio una mejoría en delitos como el secuestro o extorsión y que hay grupos delictivos que ejercen grados de control en zonas del país. “El Estado mexicano tiene una necesidad impostergable de revertir estas cifras y garantizar la seguridad y tranquilidad de sus ciudadanos”, añade.
“La evolución y sofisticación de la delincuencia común y organizada, así como la colusión y corrupción de varias autoridades policiales y de procuración y administración de justicia, ha permitido que ciertos grupos de la delincuencia ejerzan distintos grados de control en determinadas zonas del territorio nacional”, reconoce Peña Nieto.
Para revertir dicha situación se establece, además de lo mencionado, reformas que deriven en nuevas Leyes de Concurrencia y Competencia, que podrían significar incluso que una procuraduría estatal pueda investigar casos de delincuencia organizada, o que la federación pueda atraer con mayor velocidad casos de ilícitos locales.
Urgen acciones inmediatas
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPyJP) señaló que la actual crisis de seguridad que se vive en Guerrero y otros puntos del país requiere de acciones urgentes para que pueda ser revertida, y no solo de planes generales a mediano o largo plazo.
El presidente del CCSPyJP José Antonio Ortega consideró que las propuestas del presidente Enrique Peña Nieto como son la desaparición de las policías municipales o las reformas en la investigación de los delitos son medidas correctas, pero su eficacia no será inmediata.
“Si bien a la larga nos va a ayudar a resolver el asunto porque vemos una debilidad institucional lo que necesita el país son acciones públicas y políticas en este momento, ahorita, porque ahorita es cuando estamos en crisis y tenemos al ingobernabilidad en Guerrero y en otras partes del país. Ahorita es cuando se está dando la anarquía en varias partes de nuestro país” apuntó.
Ortega consideró que no se prolongue la intervención en municipios donde hay sospecha sobre el control del crimen organizado, y tampoco se limite esta acción a Guerrero o Michoacán, pues es un fenómeno que está incurriendo en distintos estados del país.
“El Presidente está ganando tiempo con la desaparición de las policías municipales e integrarlas a mandos únicos estatales como lo presentó (…) Se requieren acciones y señales claras de que el presidente entendió el problema desde ahora” concluyó.