IGUALA | CIUDAD DE MÉXICO.  Un primer cadáver fue recuperado la mañana del viernes en la primera de las cuatro fosas clandestinas descubiertas esta semana cerca de Iguala, en la colonia Manuel Altamirano a las faldas de Cerro Grande, informó el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón y los trabajos continuaron en las siguientes horas.

 

De acuerdo con fuentes en el lugar, que dieron un reporte a las prensa cerca de las 18:30 horas del viernes, durante el día habrían hallado dos cuerpos más en el segundo entierro que serían de “dos de menores de más de seis meses de edad”, sin embargo esto no ha sido confirmado por un vocero oficial.

 

Sin embargo hasta la noche, los reporteros en el lugar señalaron que ni un solo cuerpo ha sido exhumado, pues en la guardia que montaron no testificaron que si quiera personal forense arribara al lugar, como lo informó la PGR. Solo pudieron ver la llegada de personal de rastreo. Incluso dos visitadores de la CNDH que llegaron al lugar, tampoco tuvieron acceso al lugar.

 

La Policía Federal mantiene bajo resguardo la zona y señalaron a la prensa que aguardaba acceso al lugar  que siguen ampliando el radio de búsqueda. En la tercera y cuarta fosa aún no se sabrían la cantidad de cuerpos que puede haber.

 

Sin embargo tal y como ocurrió con las primeras cinco fosas halladas sigue habiendo hermetismo sobre los hallazgos. 

 

Presión internacional al alza 

 

En tanto, la presión internacional sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto para que esclarezca el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala crece cada día, tanto por parte de la sociedad mexicana como de organismos internacionales, cuando se cumplen dos semanas de la trágica noche del 26 de septiembre.

 

Si bien las Naciones Unidas fue la primera en pronunciarse porque los 43 jóvenes desaparecidos aparecieran de manera inmediata vivos, la víspera reforzó su postura y señaló que los hechos en que murieron seis personas, entre ellas tres estudiantes, y desaparecieron 43 más es una prueba para la capacidad y voluntad del Estado (México) de hacer frente a graves violaciones de derechos humanos, declararon varios relatores de la ONU.

 

La Organización de Estados Americanos (OEA), en voz propia de su secretario general , José Miguel Insulza, urgió a esclarecer la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de policías y criminales, y pidió a todos los gobiernos de la región trabajar juntos “contra el poder del narcotráfico” y manifestó su apoyo al gobierno de Enrique Peña Nieto “en su decisión de no permitir que este brutal crimen quede sin el castigo de la justicia”, según el comunicado de la OEA.

 

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “profunda preocupación” y pidió al Estado mexicano que localice a aquellos estudiantes cuyo paradero se desconoce, proteja su “vida e integridad personal”, así como la de sus familiares e investigue estos delitos “de manera pronta, diligente e imparcial”.

 

Hasta ahora la voz más firme sería la del Parlamento Europeo, quien el viernes a través de un grupo de diputados del grupo de Los Verdes remitió una carta al gobierno de México y a la diplomacia de la Unión Europea para detener la renovación de un  acuerdo que rige las relaciones entre las dos partes, dada la “impunidad” de la violencia registrada en el país.

 

Al interés porque estos hechos se investiguen y esclarezcan a la brevedad, se sumó también el gobierno de Barack Obama, en Estados Unidos. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, señaló que este es un crimen que exige “una investigación completa y transparente”.

 

Este viernes, el presidente Enrique Peña Nieto se refirió al tema y señaló que el gobierno ha asumido su “responsabilidad” para esclarecer el caso y trabaja “con determinación” para hacer que los responsables “de estos actos inhumanos y de barbarie respondan ante la ley”.

 

En una intervención en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el mandatario dijo que “es inaceptable que en un Estado democrático de derecho como México pueda haber localidades con vacíos de autoridad y, peor aún, con vínculos de complicidad entre gobernantes y delincuentes”.

 

Se refirió así a lo sucedido la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27, cuando policías de Iguala atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa así como al equipo de tercera División, Los Avispones, en tres distintos ataques, con saldo de seis muertos, 27 heridos y 43 desaparecidos.

 

Pese al interés del mandatario por mostrar en los últimas días su preocupación por el caso que también ha conmocionado a la comunidad internacional, la lentitud de las investigaciones está desesperando a una sociedad mexicana que exige respuestas. En el país se realizaron numerosas marchas y actos multitudinarios para exigir justicia y la aparición con vida de los 43 estudiantes esta semana. Incluso al menos una veintena de ciudades en el mundo se sumó a esta causa.

 

Según las últimas informaciones proporcionadas por el procurador general Jesús Murillo, suman ya casi 40 los detenidos por los ataques, todos autores materiales.  El jueves se informó de la detención de cuatro personas que llevaron al hallazgo de cuatro nuevas fosas clandestinas señaladas como el lugar en el que habrían sido enterrados los estudiantes.

 

Murillo confirmó que entre los arrestados está un hermano de la esposa del alcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda, por sus presuntos vínculos con el cártel Guerreros Unidos, que al parecer reinaba en el municipio. Ambos, marido y mujer, permanecen en paradero desconocido.

 

En México aún se sabe poco sobre el contenido de estas fosas, el titular de la AIC reveló que habrían hallado un primer cuerpo, sin embargo no hubo más detalles. Ni tampoco sobre los 28 cuerpos encontrados el pasado sábado en cinco fosas cercanas a Iguala, una ciudad ubicada en el sureño estado de Guerrero.

 

Sin embargo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aportó desde Ginebra un nuevo dato al señalar que los cuerpos, que aparecieron calcinados, “presentan lesiones de bala y de objetos contundentes”. Y es que un grupo de expertos de este organismo visitó la semana pasada la zona de las fosas y el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala.

 

“Lo ocurrido en Guerrero es absolutamente censurable e inaceptable. No es tolerable que hechos de estas características ocurran, y aún menos en un Estado de derecho”, apuntó el organismo e instó a las autoridades mexicanas a centrar sus esfuerzos en dar con el paradero de los desaparecidos.

 

La organización Human Rights Watch (HRW) acusó al gobierno de Peña Nieto de responder “muy tarde” a la desaparición de 43 estudiantes guerrerenses y de “encubrir la masacre” cometida en junio en Tlatlaya, Estado de México, dentro de un patrón de “desidia” ante las crisis de derechos humanos.

 

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW, ofreció una conferencia de prensa el miércoles desde Washington, donde informó y leyó una carta dirigida al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para exigir una solución a las desapariciones forzadas que imperan en México.

 

Por otro lado, la sección mexicana de Amnistía Internacional (AI) lamentó en las familias de los estudiantes desaparecidos sigan “sufriendo las consecuencias de una investigación judicial caótica y hostil” y urgió a protección para ellos.

 

Y es que los familiares critican que a los estudiantes se les está buscando más muertos que vivos. Por ello, desde hace días un grupo de familiares y otros estudiantes de la Normal recorren, acompañados de policías comunitarios, comunidades de alrededor para buscarlos.

 

AI denunció, además, que el equipo de peritos internacionales reconocidos por los propios familiares no han podido acceder al lugar de las fosas para realizar su trabajo. Consideró “esencial” que se permita “acceso inmediato e irrestricto” al equipo argentino de antropología “a todas las investigaciones forenses” que se realizan en este caso.

 

Incluso, previamente señaló que en tanto no se compruebe la identidad de los cuerpos hallados en las fosas, las autoridades federales deben poner en marcha una investigación completa y exhaustiva sobre la  desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Estos hallazgos, dijo, no deben entorpecer la búsqueda.

 

La PGR asumió la investigación del caso el fin de semana pasado por los indicios de la participación del crimen organizado, en un giro a la posición inicial del Gobierno de que Guerrero asumiera la responsabilidad ante la ola de violencia. Sin embargo, los trabajos de búsqueda de los jóvenes continúan a cargo de la fiscalía del estado de Guerrero.

 

Los expertos temen que el malestar social incluso pueda causar actos de violencia, como los anunciados por el grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). A través de un video, esta organización que surgió en 1998 anunció la creación de la Brigada 26 de septiembre, de ajusticiamiento para enfrentar al grupo criminal Guerreros Unidos, presuntamente vinculado en los hechos violentos.

 

Aseguró que está en una fase de recolección de datos, propiedades e intereses del cartel, que opera en el estado del sur de México gobernado por Ángel Aguirre, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD). MG (Con información de EFE)