Los estudiantes de la Asamblea General Politécnica (AGP) darán un plazo de cinco días a la Secretaría de Gobernación para que responda afirmativa y claramente a las demandas contenidas en los 10 puntos de su pliego petitorio.
En su contrarrespuesta a Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob, le indican que tiene hasta el martes 14 de octubre para analizar y determinar su postura ante el documento que le entregarán hoy, después de la cuarta mega marcha que ya convocó la Asamblea y que saldrá a las 15:00 horas de la Estela de Luz hacia Tlatelolco.
La AGP designará diferentes comisiones de sus representantes para que entreguen una copia del documento, del cual 24 HORAS tiene copia, a las dependencias a las que va dirigido: la Presidencia de la República, las secretarías de Educación Pública y Hacienda, y la dirección general del Instituto Politécnico Nacional.
En su nuevo pliego exigen que el miércoles 15 de octubre la Secretaría de Gobernación envíe una circular, firmada también por la SEP y la dirección general del IPN, para que se dé prórroga a todos los trámites y actividades académicas que han sido afectadas por el paro generalizado, que hasta el momento ya suman 10 días.
El pliego petitorio de 10 puntos fue delineado en la sesión permanente que se extendió del lunes al miércoles por la noche. Los jóvenes habían acordado que no terminarán el paro hasta que el gobierno federal acate las demandas.
“Esperamos la respuesta por escrito, debidamente fundada y motivada, del Gobierno Federal y las autoridades competentes. Teniendo como plazo el martes 14 de octubre del presente año”, finaliza el documento.
Exigen elegir al sustituto de Yoloxóchitl
Los estudiantes advirtieron que desconocerán a cualquier director interino que designen las autoridades y exigen elecciones inmediatas mediante una votación universal, libre, secreta y directa en la que participen los alumnos, maestros, administrativos y directivos.
Según fuentes de la SEP, la designación del nuevo director no se hará hasta que no se resuelva el conflicto estudiantil para evitar que los jóvenes lo desconozcan.
Exigen que se abrogue la fundación del Tecnológico Nacional de México y que a partir del 1 de enero de 2015, los exdirectores dejen de recibir sus pensiones vitalicias; estos recursos, insisten, deberán ser utilizados para becas e infraestructura.
También demandan un aumento en el presupuesto a educación pública hasta el 8% del PIB y hasta el 2% del mismo para ciencia y tecnología. Los cálculos oficiales señalan que esta designación presupuestal sólo podrá alcanzarse hacia el final del sexenio.
Hacen responsable de cualquier daño que sufrieran los participantes del movimiento al presidente Enrique Peña Nieto y exigen garantías firmadas y atestiguadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (entre otras) de que no habrá represalias y demandan que el compromiso se publique en el Diario Oficial de la Federación, la gaceta del IPN y periódicos nacionales.
La SEP no tiene facultades
En su respuesta a la Secretaría de Gobernación, la Asamblea General Politécnica señaló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tiene facultades para cancelar el reglamento interno y los planes de estudio aprobados por la dirección del IPN, los cuales dieron origen al movimiento estudiantil.
La AGP sostiene que la SEP no puede cancelar la aplicación del reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), avalado el 24 de septiembre, toda vez que no tiene vigencia, pues no fue publicado en la Gaceta Oficial.
Por ello, exige la cancelación definitiva de la publicación ahora y en lo posterior.
Además, demanda que para sentar las nuevas bases normativas del IPN se proceda a la participación directa a través de un Congreso Nacional Politécnico, con carácter resolutivo y refundacional.
En el punto dos, el movimiento indica que la SEP no está facultada para cancelar planes y programas de estudio del Instituto, pues esto es facultad del director general, de acuerdo con la Ley Orgánica.
También piden que los alumnos del nivel medio superior concluyan el semestre 2015-1 con el plan de estudios vigente, al término del cual se abrogará éste.
En el nivel superior, exigen la abrogación o suspensión definitiva de los planes y programas de estudio, según lo determine cada unidad académica.