El dictamen de la iniciativa preferente por el que se expide la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue aprobado por unanimidad por los 42 senadores que integran las Comisiones de Derechos de la Niñez; Derechos Humanos; Atención a Grupos Vulnerables; Igualdad de Género; Educación y Estudios Legislativos Segunda de la Cámara alta.

 

Tras analizar durante 22 días el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal y modificarlo en su totalidad, las seis comisiones concluyeron el proceso de dictaminación, con lo cual se iniciará la última etapa de discusión, ahora en el pleno senatorial, durante una sesión extraordinaria citada para el próximo lunes.

 

Al presentar el documento, la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Martha Elena García Gómez (PAN), consideró que el proceso de análisis y discusión de la iniciativa preferente representa un hito de la historia de nuestro país y un gran avance para garantizar a los menores el ejercicio pleno de sus derechos.

 

Destacó que tras una intensa jornada de trabajo, se modificó de fondo la iniciativa enviada por el Presidente de la República, con lo cual la nueva legislación tendrá un enfoque garantista y no una visión asistencialista. Precisó que a través de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se garantiza el pleno ejercicio, respeto y promoción de los derechos humanos de los menores, con apego a la Constitución y a los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito.

 

Por su parte, la senadora del PRI y presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Hilda Flores Escalera, destacó que a través del nuevo ordenamiento se fortalecieron las disposiciones por las que se protege a los menores de delitos como trata de personas, maltrato, violencia, venta, explotación, daño, agresión o abuso.

 

Sobre las infracciones habló el presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, quien detalló que los servidores públicos federales, medios de comunicación e instituciones, serán sujetos a multas económicas ante acciones u omisiones que pongan en riesgo a los menores.

 

Una de las modificaciones más importantes a la iniciativa original, fue por la que se solicita a las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a la Ley.

 

Además, los integrantes de estas comisiones incluyeron el acceso a una vida libre de violencia, como uno de los derechos de los menores que deben ser plenamente garantizados.

 

Se determinó que las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán fomentar la convivencia escolar armónica. Además, tendrán que conformar una instancia responsable para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de menores dentro de las escuelas.